Organizaciones piden mejorar la ley para proteger a informantes de corrupción

Veinticinco organizaciones han pedido al Gobierno que introduzca mejoras en el proyecto de ley de protección a los informantes de corrupción para evitar que la norma pueda perjudicar a los propios informantes y para concretar las "represalias" que se pretenden impedir contra ellos.

Veinte organizaciones españolas y cinco internacionales han suscrito un decálogo de medidas que quieren que se incluyan en la ley aprobada este martes durante su tramitación parlamentaria.

Los firmantes piden eliminar sesgos respecto a la motivación de quien informa y los requisitos para demostrar quién puede ser amparado por la ley, que, afirman, llega con dos años y ocho meses de retraso, nueve desde el plazo máximo dado por la Comisión Europea para adaptar la directiva comunitaria.

También exigen mayor concreción en las definiciones como la de represalia, con el fin de limitar la posibilidad de interpretaciones restrictivas o contraproducentes para el informante, a la vez que pide eliminar cualquier limitación temporal ya que los informantes a menudo sufren represalias mucho tiempo después de haber comunicado los hechos.

Asimismo, solicitan que se garantice el anonimato del informante y la posibilidad de elegir el canal para informar que considere más seguro sin ningún tipo de perjuicio.

Otras de sus demandas son medidas contundentes de protección al informante como apoyo económico y asistencia legal y psicológica de forma general y no en casos excepcionales.

Las organizaciones están agrupadas en la Coalición Pro Acceso, una plataforma fundada en 2006 dedicada a la promoción y protección del derecho fundamental de acceso a la información. EFE

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