¿Cuáles son los órganos constitucionales que PSOE y PP han acordado renovar y por qué no está el CGPJ?

El Partido Popular ha conseguido sorprender al Gobierno. La propuesta de Pablo Casado para alcanzar un acuerdo para la renovación de parte de los órganos constitucionales que siguen en fase de interinidad, dejando al margen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obligó a Pedro Sánchez a tender la mano a los populares para abrir la negociación.

La reacción del Ejecutivo a esta propuesta de los populares la escenificó ayer mediante una comparecencia en el Congreso de los Diputados el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que se felicitó porque el PP “parece que ha rectificado su posición de bloqueo”, y dejó claro que se debe buscar la renovación de “todos” los órganos constitucionales, “no solo los que hoy apetece al PP renovar”.

Y es que aunque el Gobierno sigue empeñado en señalar al PP cómo único responsable del bloqueo del CGPJ, no puede obviar que es preso tanto de sus socios parlamentarios como de sus aliados en el Consejo de Ministros al tener que atender la reforma que se defiende desde Bruselas. Este es el organismo que centra un mayor conflicto y el que más tiempo lleva con el mandato caducado –casi tres años– algo inédito en nuestra historia democrática.

Fuentes del PP han insistido en que están dispuestos a incluir su renovación (la del CGPJ) en la negociación siempre y cuando el Gobierno acepte sus condiciones para avanzar en la despolitización, de forma que se reforme la ley para cambiar el sistema de elección y que sean “los jueces quienes elijan a los jueces”.

Por su parte, Teodoro García Egea visitó anoche ‘La azotea de medianoche’ en TRECE, donde se pronunció sobre la disposición de su partido a la hora de renovar los órganos constitucionales. El secretario general del Partido Popular declaró que “Pablo Casado ha tendido la mano para renovar los órganos constitucionales y hay que avanzar en esta línea, ya que la UE ha respaldado la propuesta de Casado”.

Hoy, menos de 24 horas después de esta propuesta de negociación, el PSOE y el PP han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han informado ambas partes.

El Tribunal de Cuentas: mandato caducado desde el pasado 23 de julio

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Este organismo fue elegido por última vez en julio de 2012 tras un acuerdo entre PP y PSOE. Los 12 miembros que integran el órgano fiscalizador tienen el mandato caducado desde el pasado 23 de julio. Son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años. Serán elegidos entre Censores del Tribunal de Cuentas –en la actualidad, Auditores o Letrados-, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional.

El Tribunal de Cuentas ha estado bajo la mirilla del independentismo al reclamar 5,4 millones por la promoción exterior del intento secesionista y 4,8 millones por la organización del referéndum ilegal del 1-O a un total de 42 ex altos cargos independentistas. Entre estos se encuentran los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.

El Defensor del Pueblo: en funciones desde julio de 2017

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.

Está en funciones desde julio de 2017. Para regenerar su órgano de gobierno hace falta que la Comisión Mixta del Congreso y el Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un candidato. Para que se materialice el relevo debe de recibir el apoyo de tres quintas partes del Congreso y la ratificación del Senado.

El Tribunal Constitucional: pendiente de renovación desde noviembre de 2019

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Actúa con total independencia de los demás órganos constitucionales del Estado y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional, nombrados por el Rey. De ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por mayoría de tres quintos de sus miembros; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos de sus miembros.

La renovación de cuatro de sus 12 miembros, los que corresponde a elección del Congreso, está pendiente desde noviembre de 2019. Esta renovación parcial del Tribunal Constitucional no modificaría la relación de fuerzas en el tribunal, ya que los cuatro asientos se repartirían a partes iguales entre Partido Popular y PSOE.

El siguiente bloque de magistrados a renovar, el que corresponde proponer al Gobierno y al CGPJ, está previsto para junio de 2022.

La Agencia Española de Protección de Datos, en funciones desde julio de 2019

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos.

Su órgano de dirección está pendiente de renovar desde julio de 2019. La presidencia de la AEPD y su adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de la presidencia y del adjunto de la Agencia tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.