Oriol Pujol asume que cobró mordidas en un pacto que le libra de ser juzgado

El exdirigente de CDC Oriol Pujol ha aceptado hoy una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, en un pacto al que se han sumado los otros cinco imputados en el caso, lo que le evitará ser juzgado por un tribunal popular. Según han informado fuentes jurídicas, el acuerdo, que se ha firmado hoy en la sede de la Fiscalía y deberá ser rubricado ante la presidenta del jurado, incluye una condena de dos años de cárcel para el empresario Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, y penas de cárcel sustituibles por una multa de 83.210 euros para Anna Vidal, esposa del exlíder y diputado de CDC.

El acuerdo de hoy impedirá que el caso ITV sea juzgado por un tribunal popular, después de que el pacto parcial que Oriol Pujol firmó hace un año con la Fiscalía se frustrara, por decisión de la magistrada presidenta del jurado, porque no abarcaba a todos los acusados. El pacto se ha desencallado una vez Alsina y el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous, que ha aceptado cinco meses de cárcel sustituibles por una multa de 22.500 euros, se hayan avenido a sumarse al acuerdo tras mantener negociaciones con la Fiscalía para obtener beneficios en las otras causas derivadas del caso ITV que tienen abiertas.

En virtud de este acuerdo, Oriol Pujol, único hijo del expresidente catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha logrado rebajar a dos años y medio la petición inicial de cinco años y dos meses de prisión que formulaba la Fiscalía, a cambio de reconocer que cobró comisiones de empresarios afines por utilizar su influencia política para favorecer sus negocios. El político convergente, que se ha conformado además con un decomiso de 311.000 euros y una multa de 76.000 euros, ha admitido que cobró esas comisiones ilegales por favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, en las que llegó a facilitarles el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Entre las operaciones en que Pujol reconoce haber intervenido figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha. Según admite el exlíder de CDC, cobró 443.660 euros en "mordidas" a través de facturas falsas que el empresario y amigo suyo Sergi Alsina pagaba, por trabajos inexistentes, a su esposa Anna Vidal, quien ha aceptado quince meses de prisión sustituibles por una multa de 83.210 euros.

Los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor, por su parte, aceptan penas de cinco meses sustituibles por multas, tal y como ya firmaron en el pacto parcial con la Fiscalía suscrito en julio del año pasado. En total, los encausados deberán hacer frente al pago de cerca de 800.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos imputados.

El acuerdo de hoy deberá ser ratificado en las próximas semanas ante la presidenta del jurado popular que debía juzgar el caso, lo que convertirá a Oriol Pujol en el primer miembro de su familia condenado por corrupción, a raíz de una investigación que motivó que abandonara la política cuando era secretario general de CDC. De esa forma, la causa se ventilará en una breve vistilla ante la magistrada, sin que ni siquiera sea necesario designar a los miembros del jurado popular que habrían sido los encargados de enjuiciar el caso, en una vista que podría haberse prolongado días e incluso semanas.

Una vez la juez formalice el pacto en una sentencia, se convocará otra vista -previsiblemente en septiembre u octubre próximos- para decidir sobre la ejecución de la misma y la posible suspensión de las penas de cárcel impuestas, especialmente en el caso de Oriol Pujol, cuya condena supera los dos años de cárcel. Cuando hace un año Pujol firmó el pacto parcial en el juzgado de instrucción, el fiscal Anticorrupción ya anunció que pediría al tribunal la entrada en prisión del diputado de CDC, cuestión que se ha orillado en el escrito suscrito hoy.

Por su parte, Xavier Melero, abogado del exdiputado convergente, tiene la intención de solicitar la suspensión de la pena de cárcel de su cliente, invocando la última reforma del Código Penal, que le permitiría eludir la prisión al no superar los dos años la pena de ninguno de los tres delitos: uno y medio el de falsedad, ocho meses el de cohecho y cinco meses el de tráfico de influencias.