Pablo Iglesias se querella contra uno de los "instigadores" de las protestas frente a su casa de Galapagar

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella por seis delitos contra Miguel Ángel Frontera Díaz, un particular al que acusa de ser el "instigador" de las protestas que se vienen sucediendo desde hace varios meses frente a su domicilio del municipio madrileño de Galapagar.

En concreto, Iglesias se querella por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente, tal y como consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

El también líder de Podemos explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo "a diario" al menos desde el pasado 15 de mayo, "hostigando y profiriendo improperios como llamarle 'garrapata' o términos de índole similar", todo lo cual le produce una "grave alteración" de su vida cotidiana y de la de su familia.

"Destacamos que la vivienda donde se producen los hechos también es la vivienda de tres menores de edad, que también están viendo su vida alterada gravemente y con los perjuicios que conlleva las conductas delictivas que también sufren los menores", subraya la querella, presentada ante los juzgados de instrucción del municipio de Collado Villalba.

El escrito hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona y, según consta en el escrito, "los medios de comunicación refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos".

EQUIPO DE MEGAFONÍA

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un "impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad", y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

En uno de esos vídeos, dice el escrito, "se observa al querellado con la bandera carlista con la cruz de Borgoña usada por los Requetés en la Guerra Civil española, poniendo a un volumen muy elevado el himno de España". También destaca que Frontera fue entrevistado en un programa a través de Youtube en el que manifestó que iba a "seguir asistiendo a la vivienda a importunar hasta que se canse el querellante y su familia, y que va a seguir poniendo música cada vez más alta", lo cual además "molesta a las aves del entorno del Parque Nacional de Guadarrama".

"Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución", explica el escrito, que opina que la conducta de Frontera "no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia".

UN CROWDFUNDING PARA "LUCRARSE"

También menciona Iglesias que Frontera ha creado "una plataforma de crowdfunding de la que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte a las supuestas protestas", lo que indica, a su juicio, que "se lucra, recabando aportaciones económicas de los ciudadanos, para financiar la actuación ilícita y delictiva que lleva a cabo".

"No cabe duda que del veraz relato de hechos que se realiza en esta querella no se puede desprender más que la conclusión de que nos encontramos ante un delito de coacciones con la intromisión y penetración en el entorno personal de la víctima. En concordancia con lo anterior, se les vigila, se toman grabaciones amenazantes y datos de su entorno personal, como decimos en el propio domicilio", indica el escrito.

Sobre el presunto delito de acoso, explica que el tipo encaja con la conducta de Frontera, "puesto que ejerce una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo por parte del querellado o su pareja" y "se produce un atentado a la libertad de Don Pablo Iglesias puesto en el tiempo en que el querellado está en las inmediaciones de la vivienda, impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc".

En cuanto a la posible revelación de secretos, la querella menciona en este caso la actuación de Frontera al subirse a la valla "con manifiesta alevosía para realizar una grabación de vídeo, a través de su teléfono móvil, del interior de la casa, captando ilegítimamente imágenes del núcleo privado y reservado a la intimidad" del vicepresidente y su familia.

Por otra parte, el escrito denuncia también que Frontera vive en la localidad de Brunete y que se ha estado desplazando a Galapagar "a diario" cuando aún estaba en vigor el estado de alarma, cuando había medidas restrictivas a la circulación.

"ODIO" E "INQUINA"

Sobre la posible alteración del orden público, el vicepresidente segundo destaca que el querellado "se ha dedicado a jalear y a recaudar fondos para sumar cuanto mayor multitud mejor sin ningún tipo de protesta democrática y legítima, sino con la intención de importunar, pues "lo único que hay realmente es el odio y la inquina" hacia Iglesias. "Por lo tanto, la conducta no se queda únicamente en acudir el mismo al domicilio, sino sumar a cuanta más gente mejor, con la consiguiente alteración del orden público", explica.

Y, por último, el líder de Podemos acusa a Frontera de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por utilizar un altavoz, "alterando al vecindario y el parque natural donde se encuentra el lugar de los hechos, como el mismo confiesa en sus propios tuits públicos".

Por todo ello, la querella solicita la práctica de distintas diligencias, entre ellas, y de manera urgente, requerir ante la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial la grabación del interior de la vivienda que se le incautó a Frontera en su teléfono móvil cuando fue detenido por estos hechos.