El Parlamento canario, a favor de una tasa para acceder a espacios naturales protegidos

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de Vox, una moción en la que se insta al Gobierno regional a impulsar la recuperación del planeamiento insular y municipal, y a promover limitaciones y tasas a los no residentes para acceder a espacios naturales protegidos.

Estas dos cuestiones forman parte de una moción del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-BC), que aceptó enmiendas del PSOE, y que es consecuencia de una interpelación sobre las medidas para reorientar el modelo turístico hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Con el texto aprobado se insta al Gobierno regional a impulsar la recuperación del planeamiento insular y municipal, que evite una mayor ocupación de territorio por parte de la actividad turística y ordene los usos del territorio facilitando suelo para vivienda residencial a precios asequibles.

También se pide el incremento de los recursos presupuestarios destinados a la correcta ejecución del plan canario de vivienda como mejor instrumento para dar respuesta al problema habitacional existente en el archipiélago.

Además, se insta al Gobierno de Canarias a que, en colaboración con los cabildos, se promuevan limitaciones cuantitativas y tasas para acceder a los espacios naturales protegidos por parte de los no residentes en Canarias, que sirvan para evitar la actual masificación que sufren esos espacios, y cuyo importe se utilice en la conservación y mejora de los mismos.

La moción incluía otras cinco propuestas, que han sido rechazadas por los grupos que apoyan al gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) y Vox, una de las cuales era promover de forma urgente medidas legislativas de política turística y urbanística para limitar el crecimiento turístico condicionado a las realidades insulares y a la existencia de servicios públicos.

En otra propuesta rechazada se manifestaba el rechazo al efecto llamada generado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la regulación del alquiler de viviendas para uso turístico, "provocando un incremento exponencial de las solicitudes para ejercer esta actividad".

Ante esta situación se instaba al Gobierno de Canarias a implantar una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta que se apruebe el proyecto de ley de vivienda vacacional.

También se ha rechazado establecer, a través de un proyecto de ley, una ecotasa turística destinada preferentemente a promover la mejora y rehabilitación de las infraestructuras públicas en las ciudades turísticas junto con la preservación de los espacios y recursos naturales y al mantenimiento del paisaje agrario, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales y sociales de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Se ha rechazado asimismo instar al gobierno regional a que priorice e impulse los procesos de rehabilitación de las ciudades turísticas, la modernización y renovación de la planta alojativa, la diversificación y cualificación de la oferta complementaria, la descarbonización y digitalización, la permanente formación del personal y la mejora de las retribuciones y de las condiciones de trabajo en el sector, implicándose activamente en los procesos de negociación colectiva.

Otra propuesta rechazada ha sido instar a que, en el camino hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental de las islas, se impulse la economía circular como estrategia de progreso que permita impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y estimular la innovación, contribuyendo a lograr un tejido productivo sostenible, descarbonizado y que haga un uso eficiente de los recursos.

Y en la quinta propuesta rechazada se instaba al Gobierno de Canarias a estudiar las posibilidades legales de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes que las usan con fines especulativos y que elevan los precios para los residentes, al amparo de las especificidades que permite el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.