Políticos que dimitieron acorralados por casos de corrupción

La corrupción ha captado la atención de la sociedad española estos últimos años, como pone de manifiesto el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La corrupción, que solo varía levemente (31,7 en diciembre frente a 31,5% un mes antes), sigue en el segundo puesto en la lista de inquietudes que señalan los españoles cuando se les pregunta por los tres principales problemas del país. Artur Mas, acorrolado por el caso Palau, ha sido su última víctima. Pero la lista de políticos que han tomado la vía de salida por los casos de corrupción es muy extensa. 

Artur Mas: Artur Mas: el presidente de la Generalidad de Cataluña desde el 2010 al 2016 está imputado por el TSJC a raíz de la querella presentada por la fiscalía por presunta desobediencia por la celebración del proceso participativo del 9-N del 2014. Cuatro días antes de ser juzgado por dicho motivo la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, por orden del juez del caso actuaron en su entorno íntimo para recabar pruebas sobre la financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. Durante su mandato la Generalitat hizo trámites de concesiones públicas por valor de 530 millones de euros a través de un sistema que se saltaba los controles de la Administración y permitía al Gobierno otorgar a dedo los contratos.

Jordi Pujol: el fundador y primer líder del partido Convergencia Democrática de Cataluña renunció a su cargo de presidente honorífico de CDC y CiU tras confesar que su familia mantuvo fondos ocultos en paraísos fiscales durante más de tres décadas. Estuvo inmerso en un entramado con numerosas ramificaciones en las que también estaban implicados miembros de su familia y el propio partido por las mordidas del 3% cobradas por la adjudicación de obra pública que sirvieron para su financiación. Entre lo defraudado por el clan Pujol y la investigación que atañe a CIU se calcula que el fraude alcanza los 3.000 millones de euros. Está siendo investigado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves: losexpresidentes de la Junta de Andalucía están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según se desprende de la instrucción. La Fiscalía reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para Griñán, mientras que a Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación, el juicio aún no ha terminado.

Juan Carlos Monedero: el ex líder populista negó que el dinero abonado por el chavismo sirviera para la fundación de Podemos. Sin embargo, los más que generosos 700.000 euros que ganó por sus asesorías, le fueron abonados curiosamente en 2013, tan solo unos meses antes del nacimiento de Podemos. Otro de los agujeros negros de la versión de Monedero radica en que recibió 425.150 euros por un trabajo, encargado por el Banco del Alba, para establecer la moneda única bolivariana, que nadie ha visto ni él aportó en el Senado. En abril dimitió de la dirección de Podemos por "discrepancias" con la dirección. 

José Manuel Soria: el exministro de Industria, Comercio y Turismo y expresidente del PP canario dejó su cargo  tras saltar a luz su relación con los llamados papeles de Panamá y su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. 

Esperanza Aguirre: La denominada Operación Lezo desmanteló una trama de corrupción cuyo epicentro fue la empresa pública Canal de Isabel II. Entre los detenidos el pasado 20 de abril de 2017 estaba Ignacio González al que se considera el presunto cabecilla de una trama que durante años desvió fondos públicos para para su enriquecimiento personal. A raíz de su arresto Esperanza Aguirre presentó la dimisión como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la renuncia a su acta de concejal. "Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito. Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora ha descubierto la Guardia Civil y el Juez", fueron algunas de sus las últimas palabras antes de dimitir de su cargo.

Luis Bárcenas: el extesorero del Partido Popular y exsenador fue imputado por su implicación en el Caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil en concurso con el de estafa procesal y cohecho. El 23 de junio de 2013 entraba en prisión en la que estuvo 19 meses por orden del juez Ruz para "evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba". Se enfrenta a 39 años y medio de prisión que ha solicitado la fiscalía.

Francisco Granados: El exdirigente popular ha permanecido en prisión provisional por su implicación en la trama Púnica. El pasado mes de mayo consiguió la libertad bajo fianza de 400.000 euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tras haber estado treinta y dos meses en prisión.

Ana Mato: la exministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad dimitió tras conocerse como partícipe a título lucrativo de las actividades de su exmarido Jesús Sepúlveda, por la implicación directa de éste en la trama Gürtel. Justificó su decisión de dimitir para que su permanencia al frente del departamento de sanidad no fuese utilizado para perjudicar al Gobierno de España, Mariano Rajoy y al Partido Popular.

Pedro Antonio Sánchez: el expresidente de Murcia comunicó su abandono definitivo de la política activa antes de que lo echasen del partido tras ser investigado por dos supuestos casos de corrupción política -Púnica y Auditorio.

Francisco Camps: El expresidente de la Comunidad Valenciana del Partido Popular fue citado a declarar como imputado en el ‘Caso Valmor’ por supuesto delito de prevaricación y malversación.

La corrupción es un problema de gran calado que preocupa a la sociedad española, la cual demanda contundentes medidas para solucionarlo. Recientemente el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo perteneciente al Consejo de Europa, le ha reprochado al Gobierno del PP la pasividad con la corrupción. De las 11 recomendaciones que le hizo a España en el informe de 2016 considera que sólo cumple siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro no las cumple en absoluto.

El organismo abunda especialmente en la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial no sea elegido en ninguna de sus fases con la intervención de las autoridades políticas; y de que la comunicación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno sea siempre por escrito y transparente. El Ministerio de Justicia recuerda que ya se está discutiendo en el Congreso, a propuesta de Ciudadanos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de nombramiento del presidente y los vocales del CGPJ y que no intervengan los partidos.