¿Por qué se investiga a Pablo Iglesias? Cronología de la investigación del caso Dina

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, encargado del ‘caso Dina’, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias debido a su condición de aforado. El líder de Podemos puede enfrentarse a tres presuntos delitos: daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Una instrucción se inició con la denuncia por el robo en 2015 del móvil de Dina Bousselham, exasesora en el Parlamento Europeo del hoy vicepresidente del Gobierno.

TARJETA INSERVIBLE

Según la denuncia presentada por Bousselham, el robo del teléfono móvil se produjo el 1 de noviembre de 2015 en el Ikea de Alcorcón. La tarjeta de móvil robado contenía información sensible sobre su dueña. Acabó en manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien la entregó a Iglesias. Permaneció en su posesión durante meses, y no comunicó nada. Al tiempo, devolvió la tarjeta inservible.

Según la investigación, el exdirector de Interviú proporcionó una copia de la tarjeta a Asensio pero, a su vez, hizo llegar su contenido al excomisario José Villarejo quien habría filtrado el contenido a los medios de comunicación.

En julio de 2016, el digital OK Diario fue el primero en publicar la información. Bajo las supuestas órdenes de Iglesias, la dirección jurídica de su partido presentó la desaparición del teléfono como un encargo del Gobierno del PP a Villarejo. El objetivo según su relato era que OK Diario publicase el contenido como parte de una campaña para perjudicar a Podemos.

GIRO EN LA INVESTIGACIÓN

Las pesquisas se centraban en el excomisario que agrupa hasta 23 causas abiertas. Iglesias mantenía la condición de perjudicado en la pieza Dina, ya que sostenía su versión como víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, el 25 de mayo de 2020, el juez le retiró esa condición para investigar si, tras recuperar la tarjeta de Dina Bousselham, la habría destruido antes de devolvérsela.

Entonces, el juez García-Castellón ya estudiaba elevar el caso al Supremo por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Además, la propia exasesora llegó a declarar que ella misma había filtrado capturas de pantalla de conversaciones vía Telegram, por lo que el juez determinó que no era posible vincular las publicaciones de OK Diario sólo a la intervención de Villarejo.

EL CASO LLEGA AL SUPREMO

Finalmente, Iglesias podría enfrentarse a los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. El juez considera que el líder de Podemos utilizó la filtración para conseguir ventajas electorales ante los comicios generales de abril de 2019. El auto lo califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente”.

La exposición también incluye a la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, y a los letrados del partido Marta Flor Núñez y Raúl Caballero. Además menciona a Dina Bousselham y su pareja por falso testimonio.