El PSOE impide, con el apoyo de sus socios, que hasta siete ministros comparezcan en el Congreso

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición ––PSOE y Unidas Podemos––, además de sus socios de investidura, han considerado que no era necesario que comparecieran algunos de sus ministros en el Congreso de los Diputados. La Diputación Permanente de la Cámara Baja, el órgano que vela por que se cumplan sus funciones y que toma decisiones fuera de los periodos de sesiones, había sido convocada para estudiar diez peticiones de comparecencia urgente. Todas habían sido presentadas por el Partido Popular, único partido en la oposición que puede plantearla por su representación parlamentaria.

Han sido dos peticiones para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en plena escalada sin control del precio de la luz; otras dos para la titular de Hacienda, María Jesús Montero; una para la de Economía, Nadia Calviño; otra para la de Sanidad, Carolina Darias; otra para la de Justicia, Pilar Llop; otra para la de Transportes, Raquel Sánchez; y, por último, una para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y otra para el de Agricultura, Luis Planas. Los dos últimos en torno a la polémica que generó el primero sobre el cuestionamiento de la calidad de la carne española.

Diez en total, ocho ministros. Los populares solo han tenido éxito en una de las solicitudes de comparecencia, la de Carolina Darias. Se admite que acuda al Congreso con urgencia para dar cuenta por la sexta ola de la pandemia. Eso sí, solo porque la propia Darias había aceptado comparecer por cuenta propia.

Ni siquiera se ha aceptado la de la vicepresidenta Calviño para hablar del reparto de fondos europeos, también en el punto de mira por supuestas irregularidades en el reparto, como denuncia la oposición.

El debate ha ido generando tensiones entre las diferentes formaciones políticas a medida que avanzaba. Más intenso ha sido el momento en el que estaba encima de la mesa la posición de la Abogacía del Estado en la causa abierta contra el 'procés' en el Tribunal de Cuentas. Una causa en la que se persigue la responsabilidad penal de la malversación juzgada en el Tribunal Supremo. Era el punto correspondiente a la petición de comparecencia de la de ministra de Justicia por la no personación, precisamente, de la Abogacía en esta causa. La oposición ––PP, Vox y Cs–– denunciaba que se plegaba Sánchez por completo al independentismo catalán. Pero ha sido en el turno de la portavoz de Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras, cuando se ha crispado más el ambiente.

La diputada independentista ha acusado varias veces al Tribunal de Cuentas de ser “franquista” y de ser un órgano politizado. Unas declaraciones que han generado un fuerte choque dialéctico con las formaciones de la oposición. De hecho, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de llamar al orden en varias ocasiones le ha solicitado a Nogueras que retirase el término “franquista”. La portavoz, contestando en catalán, ha dicho que no pensaba hacerlo. Batet, por su parte, ha zanjado la polémica retirando del diario de sesiones dicho término para que no constara durante la reunión de la Diputación Permanente.