¿Puede el Gobierno prohibir al Rey emérito que se aloje en el Palacio de la Zarzuela?
Dado que en el Ejecutivo conviven opiniones diversas sobre Juan Carlos I, nos preguntamos si cuentan con algún mecanismo legal para impedir que pernocte en esta residencia
Publicado el - Actualizado
2 min lectura
La primera visita del Rey Juan Carlos I a España tras prácticamente dos años residiendo en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, ha despertado gran expectación. El ejecutivo de Pedro Sánchez alberga en su seno distintas sensibilidades al respecto, siendo el ala de Unidas Podemos la más beligerante al respecto. ¿Podría el Gobierno impedir legalmente que el padre de Felipe VI residiera o se hospedara temporalmente en el Palacio de la Zarzuela?
Preguntado al respecto, Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, explica que “las instalaciones de la Zarzuela son de la Jefatura del Estado y es el Rey Felipe VI el que decide quién accede a ellas y quién no”. Además, el jurista remarca que Juan Carlos I es a día de hoy una persona privada. Si el Rey Emérito pernocta o reside en el Palacio, según Arbós, “es una decisión que está en manos de Felipe VI, que es, entre comillas, el dueño de la casa” y “no hace falta ninguna decisión del Gobierno ni ningún tipo de acuerdo del Consejo de Ministros”.
La relación entre la Casa Real y el Gobierno
El catedrático de derecho constitucional subraya que “el buen funcionamiento de las instituciones requiere que no haya excesivas diferencias entre las actuaciones del rey Felipe VI y el gobierno de turno, el que sea” y que “tiene que haber en esto y en todo una buena comunicación entre la Casa Real y el Ejecutivo”. Ese entendimiento entre el Jefe del Estado y el Gobierno es necesario, por ejemplo, cuando el monarca representa a España en una cumbre internacional.
Sin embargo, determinar dónde debe alojarse o residir Juan Carlos I es una decisión que se circunscribe al ámbito privado. “Es algo que tiene que ver con la familia del Rey y por esta razón a mí me parece que es lógico y conveniente que sea él quien decida”, concluye Arbós.
Asimismo, el jurista señala que, “si se quisiera verdaderamente actuar en este sentido, está pendiente la Ley de la Corona”, que se menciona en la Constitución pero que nunca ha llegado a tramitarse. Solamente se aprobó una Ley Orgánica con la abdicación de Juan Carlos I.