¿En qué me afecta la Ley de Cambio Climático?

El pleno del Congreso de los Diputados da este jueves luz verde a la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética en la historia de España. Una norma que persigue, entre otras medidas, la descarbonización plena de España en el año 2050, la protección de la naturaleza y el fin de la venta de coches contaminantes en 2040.

La ley, que aterriza cuatro años después de la ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas, responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional respecto a la emergencia climática y pone en el centro de la acción política la transición energética.

La iniciativa fue impulsada en su momento por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, los socios del Gobierno. Durante su tramitación ha tenido que superar el veto presentado por Vox, único partido que se ha mostrado reacio a que dicha ley prosperase. Por otra parte, ha logrado contar con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado.

Reducción de emisiones y uso de energías renovables

El nuevo texto recoge los objetivos mínimos a nivel nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española entre los años 2030 y 2050. Las emisiones del conjunto de la economía española en el 2030 tendrán que reducirse en al menos un 23% respecto al año 1990. Más a largo plazo se deberá alcanzar la neutralidad climática, como muy tarde en el 2050.

Movilidad sin emisiones

Se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares aplicarán planes de movilidad urbana sostenible adaptados a los planes de calidad del aire. Habrá restricciones al tráfico que contamine, se impulsarán los carriles bici y se promocionará el uso del metro y el autobús. Afectará a 148 municipios de toda España, en torno a 24 millones de ciudadanos, el 52% de la población total.

Las comunidades autónomas insulares, más frágiles ante el cambio climático, podrán pedir al Estado que se establezcan medidas de promoción de movilidad limpia, como puede ser la restricción de la circulación de turismos y furgonetas.

Fuentes de energía renovables y eficiencia energética

La ley de Cambio Climático establece que el aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluyente para generar energía eléctrica tendrá como prioridad la integración de tecnologías renovables. Se promoverán, en particular, las centrales hidroeléctricas reversibles en las nuevas concesiones que se otorguen. La intención es combatir el elevado endeudamiento de actividades reguladas como puede ser el transporte y la distribución de gas natural y electricidad.

Se plantea, con esta medida, rehabilitar los edificios para conseguir un mayor ahorro en los hogares y que el parque inmobiliario sea más eficiente. Se pone especial énfasis en los edificios habitados por personas en situación de vulnerabilidad. Se marca el objetivo de rehabilitar más de un millón de viviendas en la próxima década, y unos 50.000 edificios por año entre 2021 y 2024.

Hacia la transición energética y de combustibles

La normativa señala que no se permitirán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio español. Esto incluye el mar perteneciente a nuestro país, también a nuestra zona económica exclusiva y sedes continentales.

Aquí quedan excluidas, sin embargo, las solicitudes de concesión de explotación que estén ligadas a un permiso de investigación en firme, o que estén en tramitación antes de la entrada en vigor de la ley.

Desarrollo sostenible

Otro de los objetivos fundamentales de esta se ley se sustenta en asegurar el cumplimiento de los objetivos alcanzados durante el Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015. Esto consiste en facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo estable que garantice el uso racional y solidario de los recursos. Por otro lado, se promoverá la adaptación a los impactos negativos del cambio climático, también la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere lo que denomina empleo decente.