¿Qué va a pasar a partir de ahora con la exhumación de Franco?

El Tribunal Supremo ha suspendido por unanimidad y de manera provisional la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, prevista por el Gobierno para el próximo lunes 10 de junio.

En un auto, el alto tribunal atendió las peticiones de la familia alegando que si ahora permitiera la exhumación y posteriormente, tras debatir sobre el fondo del asunto, decidiera que no procede, pero la misma ya se hubiese llevado a cabo, se causaría un “grave trastorno”. Por eso, la decisión es cautelar, o lo que es lo mismo, no definitiva.

El Supremo aún tiene que decidir si le da la razón al Gobierno y autoriza que los restos mortales del dictador sean trasladados al cementerio de Mingorrubio, camposanto de El Pardo, o a los nietos, disponiendo que Franco se quede en el Valle de los Caídos, donde yace desde hace cuatro décadas.

Esta decisión posterga la ejecución de una de las medidas más simbólicas del Gobierno de Pedro Sánchez, que el 18 de junio de 2018, poco después de acceder a la Moncloa, dijo que la exhumación se llevaría a cabo en un periodo de tiempo “breve”.

Aunque ha pasado casi un año, los planes del presidente del Gobierno en funciones pueden demorarse más aún, cuando no obstaculizarse del todo.

LOS PASOS A SEGUIR

Y es que, aunque los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no han fijado una fecha concreta para resolver los recursos de la familia del dictador, que se opone a su exhumación y posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, han aludido en el auto de la suspensión a un “plazo razonable” para adoptar la decisión final.

En caso de que le diesen la razón a la familia, Francisco Franco se quedaría en el Valle de los Caídos enterrado. Pero en el supuesto contrario, la exhumación podría no ser inmediata si los nietos acudieran al Tribunal Constitucional y solicitaran su suspensión. Así lo deslizaron ya en la demanda que interpusieron ante el Tribunal Supremo, interesando que el órgano judicial elevase una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para comprobar si el real decreto ley impulsado por el Ejecutivo del PSOE se ajusta o no a la propia Constitución.

Por último, y si el Constitucional no atendiese sus reclamaciones, tendrían expedita la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para hacer valer sus pretensiones en Estrasburgo.