Sánchez presiona a Ayuso con el estado de alarma tras el varapalo del TSJM

La decisión de aprobar un estado de alarma para Madrid parece clara. El Gobierno no quiere esperar más y por eso Sánchez ha convocado este viernes un Consejo de Ministros extraordinario a las 12 horas en el que tiene previsto decretar el estado de alarma en la capital durante al menos 15 días.

Así se lo ha trasladado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una llamada que ambos dirigentes han mantenido a última hora de este jueves tras el regreso de Sánchez de Argelia. Según ha difundido la Secretaría de Estado de Comunicación en una nota, Sánchez le da tres opciones a Ayuso antes de que sea el propio Ejecutivo quien tome el control de la situación.

“1. Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 2. Que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión. 3. Que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud", relata la nota, elevando así la presión sobre la presidenta regional.

En cualquiera de los casos, La Moncloa ha hecho saber que las "medidas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando", lo único que cambiaría sería la herramienta jurídica para llevarlo a cabo. En un primer momento el Consejo de Ministros se había convocado para las 08:30 horas, pero una llamada— la segunda— que ambos han mantenido sobre las diez de la noche, la presidenta regional le ha trasladado que necesita "tiempo" para adoptar su posición. Pese a estos cambios de última hora, el presidente mantiene en agenda la cita que tiene con el Rey en Barcelona a primera hora.

El TSJM tumba la orden de Illa

Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantara las medidas sobre la movilidad que la Comunidad de Madrid se vio obligada a aplicar por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se impuso el cierre de la capital y de otras ciudades madrileñas.

La sala entiende en su escrito, que la orden ministerial hecha pública, supone "una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare" y se escuda en señalar que el sistema constitucional "articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales".

Esta resolución ha supuesto un nuevo varapalo judicial para el Ejecutivo, otro más si tenemos en consideración que el miércoles el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Prisas por parte del Gobierno

Esta noticia ha pillado al líder del Ejecutivo en Argelia, y ya desde allí ha anunciado que desde el Gobierno "siempre se ha contemplado" el estado de alarma, ya que a su forma de entender es "un instrumento eficaz".

Una vez conocida la decisión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha emplazado a las autoridades madrileñas a un encuentro para coordinar la acción entre ambas administraciones y retomar el diálogo. No obstante, desde la Comunidad de Madrid se ha considerado "una prioridad ineludible" antes de la reunión contar con una orden "trabajada y completa pero sencilla" que recoge medidas "sensatas, justas y ponderadas" para la región.

Así lo ha hecho saber la presidenta de la comunidad en una declaración institucional desde la Puerta del Sol después de haber conocido la noticia, pero las prisas por parte del Ejecutivo de tomar una decisión acerca de Madrid ha provocado que la hora límite para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sean las 12 del mediodía.

Este anuncio se ha producido en las vísperas del puente del 12 de octubre y que, tras la decisión hecha pública este jueves por parte de la justicia, muchos madrileños estaban preparándose para abandonar la ciudad, aunque todos los dirigentes políticos han pedido responsabilidad a los ciudadanos, ya que los datos que presenta la comunidad siguen sin ser buenos.