CÓDIGO PENAL

SCC ve un error la "estrategia de apaciguamiento" hacia el independentismo

Societat Civil Catalana (SCC) considera un error la "estrategia de apaciguamiento" del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el independentismo y lamenta que no se haya "aprovechado la oportunidad para cerrar un acuerdo entre los grandes partidos de gobierno y las fuerzas de centro liberal".

Agencia EFE

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Societat Civil Catalana (SCC) considera un error la "estrategia de apaciguamiento" del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el independentismo y lamenta que no se haya "aprovechado la oportunidad para cerrar un acuerdo entre los grandes partidos de gobierno y las fuerzas de centro liberal".

Así ha reaccionado SCC después de que el Senado haya aprobado este jueves de forma definitiva la reforma del Código Penal que deroga la sedición y rebaja las penas para la malversación.

En un comunicado, SCC ha señalado que "las políticas de contentamiento con los nacionalismos periféricos practicadas desde los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP" han llevado a "gobernar bajo la improductiva lógica del pan para hoy, hambre para mañana".

"Lamentablemente, hoy asistimos a un nuevo episodio de esta estrategia de apaciguamiento con una serie de concesiones" como la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación, unas medidas que según SCC "no contribuirán a cohesionar España".

Para SCC, "el resultado de estas cesiones es la división, ya que se ha vuelto a caer en la trampa de quienes nunca cederán a sus pretensiones separatistas".

"Consideramos un gran error histórico no haber aprovechado la oportunidad para cerrar un acuerdo entre los grandes partidos de gobierno y las fuerzas de centro liberal que evitara la permanente sumisión a los partidos nacionalistas y, en consecuencia, la consolidación de unas políticas de contentamiento infructuosas", afirma la entidad.

SCC también considera "un grave error que PSOE y PP no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial", un asunto que "nunca debió convertirse en un elemento de distorsión política".

Según la entidad, el Ejecutivo central "está moralmente obligado a pactar las políticas públicas trascendentales con los partidos con sentido de Estado que han ostentado responsabilidades de gobierno, y no con aquellas fuerzas que persiguen la destrucción del Estado del que forman parte".

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