El Supremo inadmite el recurso de casación de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del tren a Navalcarnero

La Comunidad había reclamado una indemnización de 356 millones de euros a OHL por las obras inacabadas

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero por la Comunidad de Madrid y la petición de 356 millones a OHL debían ser declaradas nulas.

Así consta en una providencia del pasado 7 de octubre, a la que ha accedido Europa Presss, en la que los magistrados sostienen que el "escrito de preparación adolece de falta de justificaciónsuficiente y adecuada de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida".

En esta línea, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo justifica la inadmisión "al no haberse fundamentadode forma suficiente, con singular referencia al caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia" del pronunciamiento de la propia Sala.

La Comunidad de Madrid había reclamado una indemnización de 356 millones de euros a OHL como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato" que suscribió en enero de 2008 como concesionaria para la construcción de la línea.

PROYECTO PARALIZADO DESDE 2010

Con todo, el TSJM acordó anular la resolución por la que la Comunidad de Madrid reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, ese importe por las obras inacabadas del tren entre Móstoles y Navalcarnero, dando por finalizado el contrato.

Las obras, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.

En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndoles 34 millones de euros de penalidades y dándoles 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).

Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.