Teresa Ribera comparece para quitarse responsabilidad de la tragedia de la DANA tres semanas después

Tres semanas después de la tragedia causada por la DANA que asoló a la Comunidad Valenciana y otras zonas del Levante español, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se presenta ante el Pleno del Congreso y, por la tarde, ante el Senado para rendir cuentas por los efectos devastadores del fenómeno meteorológico.

Lo que en principio parecía una intervención rutinaria para exponer las medidas de recuperación y gestión del desastre, será un campo de batalla política en el que la ministra intentará descargar las culpas sobre otras instituciones, principalmente la Generalitat Valenciana, mientras la oposición, encabezada por el PP, pondrá en entredicho su responsabilidad en la gestión de las alertas meteorológicas y los planes de prevención.

La intervención de Ribera se produce en un momento de gran tensión política y social, donde la tragedia de la DANA no solo ha dejado un balance de víctimas y destrozos materiales, sino también una creciente sombra de dudas sobre la gestión institucional. La ministra para la Transición Ecológica se enfrenta, además, a un entorno aún más complicado debido a que su ratificación como comisaria europea se ha visto retrasada, lo que refleja el desgaste político que ha sufrido su figura a raíz de la catástrofe.

Aunque Ribera no es la única responsable de la respuesta ante la DANA, su nombre ha sido uno de los más mencionados por la oposición debido a su rol en la supervisión de los organismos que gestionan la previsión y el control del agua, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), o el propio Ministerio de Transición Ecológica, que supervisa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Teresa Ribera y su responsabilidad

Estos organismos fueron acusados de no haber emitido las alertas con la suficiente antelación o de no haber actuado con rapidez frente a los niveles de los cauces, especialmente en el caso del barranco del Poyo, uno de los puntos más críticos que se desbordó, causando estragos en varias localidades.

En su comparecencia, Ribera tratará de desmarcarse de gran parte de las críticas, apuntando a que los fallos no habían sido en la gestión directa de su departamento. En su lugar, tratará de desviar la atención hacia las competencias autonómicas y locales. En particular, cargará la responsabilidad sobre la Generalitat Valenciana, aludiendo a los planes de adecuación de cauces y drenaje que se habían paralizado en los últimos años.

Uno de los puntos más polémicos de su intervención será la mención al barranco del Poyo, cuya planificación para su adecuación y drenaje había sido frenada por su propio ministerio hace tres años, lo que, según la ministra, contribuyó al agravamiento de la tragedia.

Uno de los puntos más polémicos de su intervención será la mención al barranco del Poyo, cuya planificación para su adecuación y drenaje había sido frenada por su propio ministerio hace tres años, lo que, según la ministra, contribuyó al agravamiento de la tragedia.

la tragedia de la DANA

A pesar de las críticas, el gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado varias estrategias para proteger la imagen de Ribera. En primer lugar, se ha buscado posicionar a los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica como actores responsables y eficientes en la crisis, apuntando a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET como actores que hicieron todo lo posible con los recursos disponibles. Por otro lado, se ha intentado reducir el impacto de las críticas señalando a la Generalitat Valenciana y a la falta de ejecución de planes autonómicos de prevención y gestión de cauces.

Sin embargo, la presión política es cada vez más evidente, y el conflicto de responsabilidades entre administraciones (central, autonómica y local) amenaza con intensificarse conforme avancen las semanas.