El Defensor del Pueblo Catalán aconseja a Torra retirar los lazos amarillos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomendado este miércoles al presidente catalán, Quim Torra, que retire los lazos amarillos y simbología partidista de edificios de la Generalitat durante el periodo electoral, cumpliendo con el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC).

En una rueda de prensa, el defensor del pueblo catalán ha detallado el informe que ha elaborado para aconsejar a Torra, quien se comprometió a seguir sus recomendaciones tras desoír el ultimátum de la Junta Electoral Central (JEC).

Ribó ha resumido las conclusiones del escrito: Para todo el año, "plena libertad de expresión" en los edificios públicos, pero durante "el periodo electoral" está "de acuerdo", ha afirmado, con "lo que dice la JEC sobre los edificios públicos de la Generalitat". En este sentido, recomienda a Torra que retire los lazos amarillos, esteladas y otra simbología partidista de los edificios de la Generalitat solo durante el periodo electoral, que entiende que es desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación.

El síndic ha desvelado que este documento ya estaba elaborado, de oficio, el pasado viernes, con las mismas conclusiones, y que Torra conocía su contenido porque tuvieron una conversación telefónica. Pero ese día Ribó decidió no hacerlo público porque el presidente catalán le pidió una serie de "clarificaciones", que se han resuelto finalmente este miércoles.

Así, según el relato de Ribó, Torra conocía el pasado viernes la posición del síndic de que se debían retirar lazos, antes del Consell Executiu de este martes en el que el presidente de la Generalitat optó por no dar ninguna orden frente al ultimátum de la JEC y comunicó, según explicó la portavoz Elsa Artadi, que pediría un informe al defensor del pueblo catalán.

Preguntado por si cree que el presidente catalán ha trasladado la responsabilidad al síndic en este asunto, Ribó ha afirmado que no se ha sentido "utilizado" y que tampoco le "preocupa" que alguien pueda "escudarse" en él.

Sobre si Torra debería cumplir con la JEC y evitar eventuales sanciones administrativa o incluso la vía penal, Ribó ha indicado que "nos hace falta mucha política" y que el conflicto catalán "nunca se resolverá con el Código Penal".

¿A qué sanciones se enfrenta?

Al mantener su decisión, el presidente Torra y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia en la Fiscalía que conduciría a la inhabilitación.

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