El traspié de La Moncloa con ERC: Minimizar el alcance de la crisis

La Moncloa sigue buscando dar con la respuesta al órdago de sus socios, especialmente con ERC, derivado del presunto espionaje masivo a líderes independentistas. Dejar pasar la polémica, evitando un cruce de declaraciones que escenifique un choque entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña fue una decisión del ala socialista que se ha constatado fallida.

En el equipo presidencial vienen midiendo las consecuencias de la controversia y saben de la necesidad de zanjarla. No se habla de alarma, ni de honda preocupación, pero los riesgos de un deterioro de la relación con los republicanos, y detrás suyo el resto de costaleros parlamentarios, resumen el palpito dentro y fuera de La Moncloa y empujan a mover ficha. Alejado de los focos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se esfuerza en echar agua al incendio. Su tarea pasa por dar con la techa para acelerar la reconciliación con el Palau de Sant Jaume.

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El traspié de La Moncloa con ERC: Minimizar el alcance de la crisis

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Y es que el Gobierno se ha dado un baño de realidad. Los mensajes gruesos en boca de Pere Aragonés, incluida la amenaza en el aire sobre la continuidad de la Legislatura, por tierra, mar y aire, acreditan una resistencia a soltar el hueso del hipotético uso de sistemas de intromisión ilegal e indiscriminada. La petición de la comisión de investigación y la supuesta depuración de responsabilidades son rechazadas de plano. Deben quedar atrás, toda vez el Gabinete sitúa en la legalidad el rol del CNI. Y es que además carece de margen para salirse de ese guión oficial.

La cuestión, por tanto, es cómo regresar a su entente cuando Aragonés se ha crecido después de aunar un “frente común” del bloque de la investidura. La Moncloa se mueve con cautela. Deja abierta la puerta al “cara a cara” solicitado reiteradamente por Pere Aragonés con Pedro Sánchez, aunque la pretensión es ahorrárselo en el intento de rebajar la entidad del enredo, así como de alejar al Presidente de un terreno cuanto menos movedizo. Más allá del cruce de mensajes de móvil entre Aragonés y Sánchez, el círculo presidencial llama a abrir perspectivas, confiado en disipar el “ruido”, quizá con la reactivación de la mesa del diálogo.

De ninguna manera era la secuencia planteada en origen por el Gobierno. Cuando la portavoz, Isabel Rodríguez, recordaba que la cuestión saltó hace dos años y renegó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de poner en cuestión “la calidad democrática del país”. Desde La Moncloa le quitaban hierro, admitían contactos con los socios y, de creer entonces a su versión, les había bastado para disipar dudas. Punto y final. Eso, al menos, pudieron llegar a imaginarse. A partir de entonces, los avisos se han multiplicado.

En otra vuelta de tuerca a la presión, este mismo viernes ERC, EH-Bildu, BNG, CUP, Junts, PdeCAT, Más País y Compromís han registrado en las Cortes la solicitud de comparecencia del propio Pedro Sánchez, además de los titulares del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Defensa, Margarita Robles, del director del Gabinete del Presidente, Óscar López, y de los directores de la Guardia Civil, de Seguridad Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, para rendir cuentas del conocimiento y de las medidas a tomar en relación al espionaje. A la nueva advertencia le pueden seguir otras de consecuencias prácticas insalvables. En manos de los aliados está tumbar medidas en el Congreso.

El mensaje sería evidente de dejar al descubierto la fragilidad de Pedro Sánchez. Nadie anticipa que la próxima semana el Gobierno pueda perder la convalidación del Plan de Respuesta contra la Guerra, pero otras batallas en tramitación como la ley de Vivienda o la Memoria Histórica, pueden convertirse en un vía crucis y hacer sudar cada apoyo. O, incluso, cortar las alas al Presidente.