Tribunal Cuentas pide a ministerios más rigor al contratar seguridad privada

El Tribunal de Cuentas ha reclamado que los ministerios tengan un "mayor rigor" en la contratación de seguridad privada y en concreto al especificar la necesidad, la insuficiencia de medios o el valor estimado de los contratos.

El Tribunal de Cuentas ha emitido este lunes un informe de fiscalización de las contrataciones, de los ejercicios de 2016 a 2019, de servicios de seguridad privada de los ministerios del área de administración económica y sus organismos dependientes.

En ese periodo, que abarca contratos bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y bajo el de Pedro Sánchez, los ministerios económicos -Hacienda, Asuntos Económicos, Transportes, Industria y Comercio, Agricultura, Transición Ecológica y Trabajo- han suscrito 370 contratos de seguridad privada por valor de 128 millones de euros.

En la muestra analizada -34 contratos- el Tribunal de Cuentas ha observado omisión en la necesidad de contratar o justificaciones genéricas en el 38 % de los expedientes, en el 41 % no se incluye o es insuficiente la justificación de la falta de medios que lleva a recurrir a la seguridad privada y ocurre lo mismo respecto a los criterios de adjudicación en el 68 %.

En un 47 % de los expedientes no se justifican los requisitos mínimos de solvencia económica o profesional, o en el 62 % no se incluían "declaraciones precisas" en los pliegos para controlar la ejecución del contrato.

Además, se han advertido incumplimientos en la valoración y adjudicación en un 29 % de los expedientes, con el consiguiente riesgo para la objetividad, la transparencia y la igualdad y en la mitad de los contratos adjudicados por procedimiento negociado no se determinó qué aspectos económicos y técnicos se debían negociar, o no se negociaron condiciones.

Por todo ello, el Tribunal pide más rigor tanto en la motivación de la contratación como en el seguimiento de la ejecución de los contratos y aplicar además la ley para la igualdad entre mujeres ante la ausencia de medidas en los pliegos del 56 % de los expedientes.