El TSJC asume la investigación a Borràs por presunta contratación irregular

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jordi Seguí ha asumido la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que hasta ahora investigaba el Supremo, por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa ha recaído por turno de reparto en el juez Jordi Seguí, que ha dado traslado de la misma a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si esta sala es la competente para investigar a la presidenta del Parlament.

La causa está en manos del TSJC, después de que el pasado 12 de abril se inhibiera a su favor el Tribunal Supremo, que había estado investigando a Laura Borràs hasta entonces dada su condición de aforada ante esa instancia judicial como diputada de JxCat en el Congreso.

No obstante, tras las elecciones catalanas del 14F Borràs -número dos de las listas de JxCat que encabezaba Carles Puigdemont- fue elegida diputada del Parlament y designada presidenta de la cámara catalana, lo que la convierte en aforada ante la sala civil y penal del TSJC, al que corresponde investigar el caso y en su caso enjuiciarla.

En la causa, abierta por los delitos de malversación, prevaricación falsedad documental y fraude a la administración, están investigados Borràs y un amigo suyo beneficiario de unos contratos de la Institució de les Lletres Catalanes que presuntamente se adjudicaron de forma irregular.

El Supremo abrió causa penal contra Borrás en diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

En concreto, se investiga si la presidenta del Parlament adjudicó de forma fraudulenta a su amigo Isaías H.F. 18 contratos de programación informática por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, entre 2013 y 2017, fraccionándolos de forma ilegal y falsificando los presupuestos de los expedientes.

Según la juez de instrucción que investigó el caso en sus inicios, de común acuerdo con Borràs, Isaías H.F. fijaba los importes de las fracturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, de menos de 18.000 euros, con el fin de ocultar el verdadero prestador del servicio.

La causa contra Borràs llega al TSJC cuando la instrucción está a punto de culminarse, dado que se han practicado ya la mayoría de las diligencias solicitadas por las partes, unas a cargo de los Mossos d'Esquadra y otras de la Guardia Civil.