Unos 179 exdiputados cobrarán una indemnización tras la disolución del Congreso de los Diputados

Un total de 179 diputados de la anterior legislatura, la XIII, cobrarán la indemnización que la Cámara tiene establecida en caso de disolución de las Cortes debido a la convocatoria electoral.

Esta "indemnización de transición", que así se llama, es una prestación recogida en el reglamento de pensiones parlamentarias, el artículo 11, en el que se regula esta vía de compensación a los exdiputados que ante la convocatoria de elecciones y la opción de que repitan en los escaños se quedan más de un mes sin trabajo.

Porque cuando las Cortes se disuelven con motivo de la publicación del real decreto de convocatoria de elecciones, el órgano que se queda pendiente de la tramitación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y de la gestión de las Cámaras, tanto del Congreso como del Senado, es la Diputación Permanente.

En el Congreso, dicha Diputación la forman en este momento unos 137 diputados (titulares más suplentes), incluidos la presidenta, Meritxell Batet, y estos mantienen sus derechos, prerrogativas y emolumentos hasta que se forman las Cortes de la siguiente legislatura.

Ello supone que esos 137 parlamentarios lo serán hasta el 2 de diciembre, el día antes de la constitución de las Cortes.

Pero los restantes diputados que no se integran en la Diputación Permanente, aunque el Congreso les permite seguir yendo a sus despachos hasta el día de los comicios, se quedan en un limbo. Muchos de ellos no regresan a sus cometidos profesionales anteriores, si tuvieran oportunidad de ello, porque en la mayoría entra en las listas electorales y puede repetir en el Congreso.

Para esos casos de parlamentarios que se quedan sin trabajo durante el tiempo que media entre la disolución de las Cortes y la constitución de las siguientes, el Congreso aprobó en 2006 esta indemnización de transición.

Las cuantías varían según el diputado de que se trate porque el acuerdo de la Mesa de la Cámara anterior a la disolución de las Cortes, a finales de septiembre pasado, estableció que siguieran cobrando lo mismo que percibían hasta ese momento, pero sobre una base temporal concreta.

Esa base se ha acotado entre el día siguiente del de la convocatoria electoral y el día anterior al de las elecciones, es decir, entre el 25 de septiembre y el 9 de noviembre.

Sobre este plazo se hará un pago único, teniendo en cuenta lo que mensualmente cobraban los diputados que han pedido la indemnización.

Ese cobro mensual tiene una cuantía común de más de 2.900 euros, a lo que se suma el complemento derivado de la circunscripción de procedencia (1.900 euros si es provincia de fuera de Madrid y unos 900 si es Madrid) y el complemento que proviene de cargos parlamentarios, cuyo máximo es el de presidente de comisión (1.500 euros) y en el que el mínimo es portavoz adjunto de comisión.

Estas cuantías están sujetas a las tributaciones correspondientes y su cobro es incompatible con cualquier otra remuneración tanto del ámbito público como del privado.

Dado que son 137 parlamentarios los que están en la Diputación Permanente y 179 han pedido la indemnización de transición, hay 34 diputados de la XIII legislatura que han renunciado a cobrarla, entre ellos el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y todos sus ministros (menos Nadia Calviño), ya que mantienen sus retribuciones por estos cargos.