PP y Vox buscan un Gobierno estable para Castilla y León: ¿qué puntos de encuentro encumbrarían la coalición?

Primero hablaron en las urnas los ciudadanos castellanoleoneses, y ahora la responsabilidad es de los procuradores electos. A menos de 24 horas de que las Cortes de Castilla y León se reúnan en sesión constitutiva, la incertidumbre sobre cuáles serán las bases para alcanzar una legislatura en la que la estabilidad sea su denominador común no dejan de acrecentarse.

En medio de la crisis que sufre el Partido Popular tras la traumática renuncia de su todavía presidente, Pablo Casado, el líder de los 'populares' en Castilla y León y vencedor de las elecciones del 13-F, Alfonso Fernández Mañueco, tiene la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno para los próximos cuatro años en la comunidad. Antes, sin embargo, tendrá que enfrentar la no sencilla tarea de negociar la elección de la Mesa de las Cortes y la presidencia de la Cámara, cuyo resultado puede dar pistas sobre la futura investidura del presidente en funciones.

Casi treinta días después de la celebración de los comicios, la negociación entre el PP y Vox en Castilla y León parece que suma sus primeros visos de acuerdo para alcanzar la gobernabilidad. A pesar de que (como confirmar algunas encuestas) esta es la fórmula preferida por el grueso de los electores castellanoleoneses, el equipo de Mañueco sigue empeñado en buscar alternativas para –de momento– presidir las Cortes. En esta 'geometría variable' entra en juego el apoyo de partidos como Soria ¡Ya!

La agrupación de electores y el PP de Castilla y León mantuvieron el lunes una reunión para explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre la presidencia de la Mesa de las Cortes. Aunque desde la formación aseguran que durante el transcurso de la reunión “se vislumbraron puntos de acuerdo en cuanto a programa”, la realidad es que las posibilidades de pacto están muy alejadas.

Más allá de esta opción, fuentes de Soria ¡YA! han argumentado que, desde el punto de vista de algunas actuaciones concretas, la plataforma “pudo entrever una cierta identidad de proyectos”. No obstante, las diferencias radicarían en la asignación de presupuesto suficiente para corregir “los desequilibrios generados entre distintos territorios de la comunidad”.

Asimismo, los procuradores electos de Soria ¡YA! han insistido a través de un comunicado que la fórmula para atajar esos desequilibrios interregionales no es otra que “poner en marcha tratamientos diferenciados para zonas con escasa densidad de población”, y han recordado que Soria es una de las zonas “con más baja densidad poblacional de toda Europa”.

Tampoco se antoja sencilla la operación para amarrar sus votos de cara a la investidura de Mañueco, quien –además– necesitaría hilvanar los síes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila y los de sus antiguos socios de Gobierno: Ciudadanos. De esta manera, la candidatura de Mañueco alcanzaría los 39 votos afirmativos, viable en una segunda ronda de votación en la que es necesaria una mayoría simple. En todo caso, el 'no' de Vox, PSOE –que se dejó siete escaños en el envite– y Unidas Podemos darían al traste con la investidura.

PP y Vox: la coalición que más respaldo recibe de los castellanoleoneses

La constitución del Parlamento autonómico se convertirá en un momento clave para el futuro de la gobernabilidad de Castilla y León. Fuentes del partido de Santiago Abascal han confirmado a COPE.es que existe malestar en el partido por la negativa del PP a darles “un trato similar” al que obtuvo Ciudadanos en la coalición configurada tras las elecciones de 2019.

El acuerdo encuentra sus principales escollos en el acceso de Vox a la presidencia de las Cortes (ocupada hasta ayer por Luis Fuentes, de C's), cargo para el que el PP mantiene su intención de presentar su propia candidatura, y también sobre el hipotético reparto de los departamentos del nuevo Gobierno. Aunque los equipos negociadores de los 'populares' y Vox siguen en contacto, el acuerdo no termina de concretarse a pesar de que entre ambos partidos existen suficientes puntos de encuentro como para establecer su primer Ejecutivo de coalición.

La información que hoy adelantan algunos medios y que aseguran que PP y Vox han alcanzado ya un acuerdo programático para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, podría acelerar los acontecimientos, impulsados –quizá– por el deseo de Alberto Núñez Feijóo de llegar al Congreso extraordinario del partido en Sevilla con este match-ball superado.

Desde Vox, en todo caso, no parecen dispuestos a renunciar a ese trato igualitario que lleva a exigir a los 'populares' una coalición de Gobierno estable, con la vicepresidencia y cuatro carteras, además de la ya mencionada presidencia de las Cortes de Castilla y León. Lejos de la postura que fijó el tándem Casado-Egea, impulsando el veto al pacto con Vox aun a riesgo de una repetición electoral, el acuerdo supone hoy la única solución posible si atendemos a la aritmética.

Para ello, las exigencias capitales de la formación de Santiago Abascal han sido inequívocas desde el primer momento: derogar la Ley de Violencia de Género y la Ley de Memoria Democrática, donde el acuerdo parece más sencillo entre ambos partidos. Además de estos dos puntos, la formación de un Gobierno de coalición tendría que enfrentar otras diferencias programáticas.

Estas estarían enfocadas, sobre todo, en torno a la aplicación de las denominadas políticas del "consenso progre" como son el proyecto de Ley LGTBI, sobre la que no hay referencia en el programa de los 'populares' en Castilla y León, o las cuestiones derivadas de la Agenda 2030 de la ONU.

Menos fricciones encontraría un hipotético Gobierno de coalición entre PP y Vox en materia fiscal. Mientras Vox apuesta en su programa por “bajar o suprimir radicalmente los impuestos a PYMES, autónomos y familias”, el PP persigue facilitar “una política favorable para las familias, que se resume en menos impuestos y más beneficios fiscales para fomentar la natalidad”. A pesar de este amplio consenso, también hay un desencuentro. Y es que la formación de Santiago Abascal siempre ha exigido “eliminar las subvenciones a sindicatos, patronales y el gasto político superfluo”, una cuestión que el ideario 'popular' no contempla.

También en el ámbito educativo apuestan por modelos similares que garanticen “la libertad de elección de centro” a los padres. Respecto a la Atención Primaria, Vox asegura en su programa que reforzará “las inversiones y el gasto” para evitar “problemas de acceso rápido”; el PP, por su parte, persigue “evitar la pérdida de plazas en Atención Primaria en el medio rural”, “una demora máxima de 72 horas en las consultas” o llegar “al 20 por ciento del gasto sanitario”.

En cuanto a las políticas vinculadas al medio rural, PP y Vox también se han mostrado con congruencia después de que en este plano entraran con fuerza en precampaña las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, poniendo en tela de juicio la calidad de la carne en España.

Los de Abascal, en su caso, apoyan a la industria agroalimentaria nacional y a la producción de las pequeñas y medianas empresas “para frenar la despoblación y hacer posible el equilibrio entre la producción tradicional y la incorporación de mejoras tecnológicas”. El PP detalla en su programa que garantizarán “convocatorias anuales para apoyar las explotaciones agrarias en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones productivas”.