Sin micrófonos: La prisión permanente revisable y el dolor de las víctimas

Se lo hemos oído a muchos políticos muchas veces, sobre todo desde el Gobierno. Desde cualquier Gobierno. No se puede legislar en caliente cuando ocurre un trágico suceso, un trágico asesinato. En marzo de 2015 el Congreso de los Diputados, con la mayoría absoluta del PP, aprobó la prisión permanente revisable. La condena tiene que servir para la reinserción, y si no se consigue el reo debe seguir en prisión. La seguridad de la sociedad está por encima, manifiestan a COPE fuentes jurídicas. La prisión permanente revisable se pide en sentencia para que se valore cumplida la condena o una parte importante. Un tribunal debe estudiar las circunstancias y la situación personal.

Con la aprobación de la prisión permanente revisable, que contó con los informes favorables, los partidos de la oposición pusieron el grito en el cielo, lo interpretaron como una cadena perpetua. Y el grupo parlamentario socialista presentó un recurso en el Tribunal Constitucional en julio de 2015. Y ahí está el recurso, desde entonces, sin que esté previsto que se resuelva en breve, señalan fuentes del Tribunal de Garantías. El ponente es el magistrado Fernando Valdés, de perfil progresista.

El asesinato de Diana Quer, el hallazgo de su cadáver casi año y medio después de su desaparición, ha puesto el foco de atención en la prisión permanente revisable. Y su padre, junto con Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la pequeña asesinada en Huelva en 2008, han recogido alrededor de dos millones de firmas para que no se derogue la medida. Los casos son mediáticos y los padres acuden a las televisiones, fundamentalmente, con frecuencia. Es comprensible y lógico su dolor, pero los medios de comunicación tienen la responsabilidad de no convertir estos casos en morbosos.

El Gobierno quiere ampliar los supuestos para revisar la prisión permanente y llevará al Consejo de Ministros, mañana viernes, tres más de los ocho que ya existen. Y esos supuestos se refieren a la ocultación de un cadáver, secuestro con asesinato o provocar incendios que causen muertes o puedan poner en peligro la vida de las personas, y la utilización de elementos químicos. Se nos vienen a la cabeza muchos nombres, de casos mediáticos, pero hay otros muchos que no conocemos, que no son mediáticos, o que no lo han sido.

Para el Gobierno es una medida que reclama la sociedad, recuerda que existe en muchos países europeos, están en los Tratados Internacionales, y la Corte Penal Internacional la reconoce como una de las penas posibles en todos los países del mundo. Lo dijo el Ministro de Justicia, Rafael Catalá aquí, en COPE el pasado lunes. Opina el Gobierno que hace falta un debate tranquilo y le parece una buena propuesta esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Es necesario encontrar un punto de equilibrio entre todas las fuerzas parlamentarias para mantener la prisión permanente revisable, dijo Catalá. Pero los tiempos del TC, los tiempos de la Justicia, no son los mismos que exigen la Política y los medios de comunicación. El problema es que, muchas veces, se juega con el dolor de las víctimas.