La guerra comercial con EE.UU. marca la Asamblea Nacional china

Inaugurada el martes, la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (Parlamento orgánico del autoritario régimen chino) coincide con las últimas negociaciones con Estados Unidos para acabar la guerra comercial abierta el año pasado por los aranceles del presidente Trump. Con el alargamiento de la tregua fijada hasta el 1 de marzo, ambas partes cierran los flecos finales para que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, firmen un acuerdo que zanje sus disputas, que ya están afectando a la economía china.

Así lo reconoció en su discurso de apertura de la Asamblea el primer ministro chino, Li Keqiang, cuando pronosticó para este año un crecimiento de entre el 6 y el 6,5%, el menor desde el estallido de la crisis global en 2008. “El país se enfrentará a una situación complicada este año y, mientras se toman las medidas para estabilizar la economía, China seguirá persiguiendo una apertura completa”, prometió Li en su discurso, emitido en directo por la televisión estatal.

Para incentivar la economía, el régimen aumentará los gastos en infraestructuras y recortará en 2 billones de yuanes (263.000 millones de euros) los impuestos a las empresas, bajando además sus cotizaciones a la seguridad social y reduciendo las tasas al consumo. “Dejaremos que las entidades del mercado, especialmente los pequeños negocios, sientan que se aligera el peso de sus cargas, cumpliendo nuestras promesas con las empresas y la sociedad”, desgranó su agenda reformista en pos de una mayor liberalización de la todavía desigual economía china.

En su jornada final, la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar la próxima semana una nueva ley de inversión extranjera que confirme dicha liberalización y satisfaga las demandas de EE.UU. para firmar la paz en la guerra comercial. Uno de los puntos clave de dicha ley será la apertura de más mercados a las empresas extranjeras sin necesidad de contar con un socio chino ni de transferirles su tecnología, lo que implicará una mayor protección de sus derechos de propiedad intelectual.

Atraídas por sus 1.400 millones de consumidores potenciales, numerosas firmas extranjeras se veían obligadas hasta ahora a asociarse con una empresa china en las denominadas “joint-ventures” para hacer negocios en este país. Unas alianzas que en más de una ocasión han acabado como el rosario de la aurora, con pleitos en los tribunales por el robo de tecnología y patentes. “En más industrias se permitirá a los inversores extranjeros montar sociedades en las que tengan su total propiedad, en lugar de forzarlas a asociarse con firmas locales”, avanzó en la Asamblea el vicepresidente de la Comisión Nacional para la Reforma y el Desarrollo, Ning Jizhe, según informa el periódico “South China Morning Post”. Siguiendo con esta apertura, prometió también más facilidades para “proyectos clave” de titularidad extranjera única, como una fábrica de coches eléctricos de Tesla en Shanghái o un complejo químico de BASF en Cantón (Guangdong).

Junto al empleo, el crecimiento, el comercio, la inversión doméstica y las expectativas del mercado, la entrada de capital extranjero es una de las seis áreas a “estabilizar” este año por parte del régimen chino. Aunque la inversión extranjera directa subió el año pasado un 3% al ascender a 135.000 millones de dólares (120.000 millones de euros), en la última década ha aminorado por las restricciones del mercado chino. “China desarrollará más medidas de apertura en agricultura, minería, manufacturas y servicios, permitiendo empresas extranjeras de titularidad única en más campos”, volvió a repetir Ning Jizhe la misma promesa que el régimen lleva haciendo desde que entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001.

Con la intención de captar capital extranjero para seguir con la modernización de su industria, sobre todo en nuevos sectores tecnológicos, China anuncia una mayor apertura de su mercado que sirva para acabar la guerra comercial que libra con EE.UU. desde el pasado verano. En buena medida, esa paz dependerá de lo amplia que sea la ley de inversión extranjera que aprobará la próxima semana la Asamblea Nacional.