¿Son refugiados o inmigrantes?

La incógnita acerca del estatus y el destino que recibirán los 630 inmigrantes del Aquarius ha aflorado el primer enfrentamiento dialéctico entre la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, proclive a que se les trate como refugiados, y el Gobierno central, que apela al cumplimiento sin excepciones de la legalidad vigente para la inmigración irregular.

Todo parecía, el 11 de junio, la crónica de un éxito conjunto entre Administraciones gobernadas por partidos de la misma ideología: la Generalitat y el Ayuntamiento de València se habían ofrecido para acoger al pasaje del Aquarius tras el rechazo de Italia y Malta, y apenas unas horas después el recién estrenado Ejecutivo de Pedro Sánchez asumía el reto humanitario y anunciaba que España les acogería a través del puerto de Valencia.

Al día siguiente, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunciaba que el Gobierno concedería el estatus de refugiado y de personas de acogida a esos inmigrantes por la situación "de emergencia y excepcionalidad", al margen de la condición personal de cada uno de ellos.

Oltra hacía este anuncio citando el compromiso que habría adquirido la Delegación del Gobierno -en funciones y tres días antes de que su titular fuera cesado por el nuevo Ejecutivo central- en la reunión de la comisión mixta para la atención y acogida de refugiados y desplazados, en la que se adoptaron las medidas del primer operativo de acogida que se les dispensaría y que fue bautizado como "Operación Esperanza Mediterráneo".

Por su parte, el balcón principal del Ayuntamiento de Valencia colgaba orgulloso una gran pancarta donde proclamaba al mundo que esta es una "Ciudad Refugio", todo ello entre alabanzas a la decisión del Gobierno central.

Sin embargo, el día 13 comenzaban ya los primeros problemas de coordinación a cuenta de la logística, concretamente dónde iba a atracar la flotilla compuesta por el Aquarius y dos barcos italianos.

Desde el Ayuntamiento y la Generalitat se aseguraba que sería por la Marina, con epicentro en la antigua sede del equipo suizo de vela Alinghi como símbolo del cambio que suponía pasar de los "grandes fastos" de la época del PP, como la Copa del América, a la solidaridad actual.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno transmitía la complejidad de atender esa petición a causa del multitudinario concierto de Fito y Fitipaldis del sábado por la noche -cuando estaba prevista la llegada de la flotilla-, en una zona próxima y que podría causar problemas de seguridad, por lo que se proponía que atracaran en el muelle de cruceros, más alejado de la Marina y con condiciones de espacio para el gran operativo previsto.

Pero la mayor tensión comenzó el día 14, con una entrevista matinal al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que aseguraba que el tratamiento a los 630 inmigrantes del Aquarius sería el mismo que el que se da a los que llegan en pateras a España a través de Argelia o Marruecos, tramitando los expedientes que correspondan para su regularización administrativa, bien de asilo o de expulsión. "Se aplicará la ley", proclamaba.

Sus palabras levantaron ya las primeras críticas, sobre todo desde el Ayuntamiento de Valencia, e incluso hicieron al ministro matizarlas horas después para declarar que la ley "posibilita" un "trato específico" para casos como el del Aquarius.

La cumbre de ese día en Valencia entre el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ayudó a aclarar el destino o estatus de esos inmigrantes aunque la dirigente socialista dijo que se atenderá de forma "individualizada" a cada inmigrante para ver el estatus que le corresponde y que se cumplirán los "protocolos" establecidos y a los que "obliga la legislación nacional e internacional".

Según Calvo, algunos de los inmigrantes irán al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y otros directamente a centros de ayuda humanitaria de políticas sociales, "dependiendo" de sus condiciones, y añadió que estarán "atentos a qué personas piden asilo".

Y ya el viernes, Oltra le contestaba: la acogida de los migrantes del Aquarius "no es una cuestión de extranjería" sino de "derecho humanitario", debido a la "excepcionalidad" y la "emergencia" de esta caso.

"Estas personas no han llegado aquí y nos las hemos encontrado en el puerto; a estas personas las ha llamado el Gobierno de España, lo que es excepcional", dijo Oltra para añadir que esa situación "excepcional y de emergencia" determina que la entrada en España sea "por razones humanitarias" y recordaba a Calvo la postura contraria de Les Corts Valencianes a los CIE.

Este sábado, el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, arrojaba un nuevo órdago a la política migratoria del Consell al proclamar desde Barcelona que estos inmigrantes tendrían una autorización especial de un mes -este domingo se ha ampliado finalmente a 45 días-, pero a partir de ahí se les tratará con la legalidad en la mano, "sin excepciones", y defendía que el Gobierno no puede hacer "otra cosa".