Boris Johnson defiende su ley para alterar el Brexit entre las férreas críticas de su partido

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, se enfrentó este lunes a la resistencia de un sector de su propio partido contra la ley que le permitirá modificar unilateralmente el acuerdo del Brexit, que algunos "tories" critican por violar el derecho internacional.

El proyecto de ley, cuya retirada ha exigido la Unión Europea (UE), ha sido censurado por cinco antiguos primeros ministros británicos, entre ellos los conservadores Theresa May, David Cameron y John Major, junto a los laboristas Tony Blair y Gordon Brown.

Al presentar el texto ante la Cámara de los Comunes para su primer trámite parlamentario, Johnson argumentó que las medidas que propone son un "seguro" para evitar que Irlanda del Norte quede desligada en términos comerciales del resto del Reino Unido, en caso de que Londres y Bruselas no logren pactar su futura relación antes del límite del 31 de diciembre.

En caso de llegar finalmente a un pacto "nunca serían invocadas" las potestades que la ley otorga al Ejecutivo, aseguró el jefe de Gobierno, que aún ve posible el consenso, a pesar de que ambos lados del canal de la Mancha se mantienen alejados en las cuestiones más relevantes.

CRÍTICAS INTERNAS

Uno de los conservadores de más peso que se ha sumado a las críticas es Sajid Javid, ministro de Economía hasta el pasado febrero, quien declaró que no comprende "por qué es necesario que el Reino Unido viole la legislación internacional".

"Una de las mayores fortalezas y tradiciones del Reino Unido es el respeto a la legalidad. Nuestra duradera reputación por mantener nuestra palabra nos ha hecho una nación más estable, pacífica y próspera", sostuvo en un comunicado Javid, que avanzó que no prevé respaldar esta noche la ley en su primera votación parlamentaria.

Otro de los golpes que ha sufrido Johnson es la crítica del ex abogado general del Estado Geoffrey Cox, quien jugó un papel relevante en las negociaciones del acuerdo de salida de la Unión Europea que se firmó el pasado octubre.

"La ruptura de la ley llevará en último término a un daño permanente y a largo plazo para la reputación de este país. Es también una cuestión de honor para mí. Nosotros firmamos y sabíamos lo que estábamos firmando", recalcó Cox en declaraciones a la cadena Times Radio.

A pesar de las abstenciones y votos en contra entre los conservadores que pueda recabar la legislación, Johnson confía en que su amplia mayoría parlamentaria le permita superar el trámite en los Comunes, que concluiría previsiblemente el próximo martes.

RESPUESTA A LAS "AMENAZAS" DE LA UE

En su intervención parlamentaria, Johnson acusó a la Unión Europea de utilizar el protocolo para Irlanda del Norte que se acordó el pasado año como carta para agregar presión sobre el Reino Unido en las actuales negociaciones de la futura relación.

Sin una "salvaguarda" adicional, sostuvo el primer ministro, Bruselas podría llegar a bloquear el comercio entre esa región británica y el resto del Reino Unido en caso de un Brexit abrupto al término de este año.

"Nuestros interlocutores, al otro lado, tienen la posibilidad de bloquear el transporte de alimentos y productos agrícolas dentro de nuestro propio país", dijo Johnson.

Ante ese temor, el Gobierno quiere reservarse al derecho a eliminar las disposiciones pactadas para controlar las mercancías que viajen entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña.

Para la Unión Europea, ese protocolo es esencial para mantener abierta la frontera terrestre entre las dos Irlandas, un requisito marcado por los acuerdos de paz que se firmaron en 1998.

SOFOCAR LA REVUELTA

Para tratar de evitar una revuelta en sus propias filas, Johnson se comprometió a consultar al Parlamento en el futuro antes de ejercer los derechos que le ofrecerá la ley de Mercado Interno.

Ese es precisamente el objetivo de una enmienda presentada por el conservador Bob Neill, que amenaza con reunir cierto apoyo entre los "tories" al ser votada la semana que viene.

Johnson intentó aplacar asimismo los recelos de aquellos diputados que temen las consecuencias de violar la ley internacional al argumentar que aprobar la norma "no constituye el ejercicio de los poderes" que otorga al Gobierno.

Aseguró que, si se llegara a una situación de conflicto con la UE, activaría "al mismo tiempo" los mecanismos de arbitraje previstos en el acuerdo de salida del bloque comunitario para tratar de llegar a una solución consensuada.