Boris Johnson reconoce abuso laboral en la muerte de la taquillera de Victoria Station

La muerte de Belly Mujinga, 47 años, ha sido el golpe emocional definitivo que ha puesto en pie de guerra a todo el sector de los trabajadores del transporte. Ella no había dejado de acudir a su puesto en la estación londinense de Victoria porque, como tantos otros, pertenecía al colectivo de “key workers” (funciones esenciales) a quienes no afecta el confinamiento.

Pero en su caso hubo dos factores determinantes: en ningún momento recibió mascarilla guantes ni equipo de protección alguno; sus jefes no establecieron dispositivos de seguridad o distancia obligatoria con los viajeros; y además, según ha desvelado su marido, Belly tenía patologías previas que la convertían en población vulnerable. Dificultades respiratorias, concretamente. ¿Por qué la pusieron al descubierto y no dentro protegida?, se pregunta.

En pleno vestíbulo se encontraba, de hecho, el pasado 22 de marzo cuando un hombre se les acercó a ella y a su compañera. Primero interrogó a Belly, de origen congoleño, inquiriendo de malos modos qué estaba haciendo allí; cuando ella respondió que hacía su trabajo, él dijo que iba a contagiarles el coronavirus, les escupió, les tosió en la cara y escapó corriendo. Efectivamente, pocos días después ambas cayeron enfermas. Una ha sobrevivido. La otra murió el 5 de abril. Deja viudo y una niña de once años, ahora huérfana.

Ha tenido que pasar más de un mes para que se ponga de manifiesto el cúmulo de negligencias que desembocaron en la muerte de Belly Mujinga. El propio Boris Johnson ha lamentado este miércoles en la Cámara de los Comunes su “trágico fallecimiento” y ha añadido: "El hecho de que haya habido abuso laboral es absolutamente atroz".

Y es que los errores administrativos y humanos no se dieron solamente antes, sino también después de la agresión: la víctima informó de lo sucedido a sus superiores, pero estos nunca lo denunciaron ni lo investigaron.

El sindicato del ramo ha enviado una carta al Primer Ministro exigiendo una compensación económica para la familia Mujinga y para todas las que están en idéntica situación.

Desde que comenzó la pandemia, han perdido la vida por culpa de la COVID-19 un total de 52 empleados del transporte público en el Reino Unido.