La estrategia de Ortega para mantenerse en el poder en Nicaragua: ejecuciones, torturas y violaciones

“Tenía las manos y los pies hacia arriba. Empezaron a golpearme con puños, codazos, rodillazos, patadas. Empezaron a darme con alambres, comenzaron a ponerme el cigarro encendido en las piernas. Y empezaron a violarme”. Es uno de los testimonios recopilados en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) sobre las acciones orquestadas por el régimen de Daniel Ortega contra los opositores -y personas percibidas como opositoras- en este país centroamericano en los últimos cinco años. El líder de este grupo de expertos de la la ONU, Jan Simon, ha asegurado a COPE que “los delitos de lesa humanidad que hemos detectado son asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas”. Los expertos aseguran que “agentes de la policía nacional y del sistema penitenciario nacional e integrantes de grupos armados pro-gobierno cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo la violencia sexual y de género, en contra de personas opositoras o percibidas como tales" con el objetivo de intimidarles y castigarles.

De acuerdo con el informe -de más de 300 páginas- “las técnicas de tortura documentadas incluyeron: golpes y palizas, aplicación de descargas eléctricas -incluyendo en los genitales-, la provocación de quemaduras con ácido y con cigarrillos, asfixia, ahogamiento simulado (submarino), arrancamiento de uñas”. Uno de los testigos entrevistados por el GHREN cuenta que “me desprendieron una uña de mi mano izquierda, les pedí perdón, me desprendieron la segunda uña, me jalaron la tercera poniendo una rodilla encima de las manos”. Otro de los detenidos relata: “me agarraron entre dos y me bajaron el pantalón, y entre los cinco me penetraron una y otra vez”. También se menciona el caso de “un hombre homosexual que fue encerrado durante 15 días con reos comunes particularmente violentos, quienes lo violaron”.

Según Jan Simon, “se trata de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que tienen su punto de salida y principal responsabilidad en las estructuras más altas del Estado, con el apoyo de grupos armados paraestatales”. Tiene claro que “hay una responsabilidad de parte del presidente y de la vicepresidenta en los hechos documentados. Son crímenes de lesa humanidad porque los patrones que hemos detectado hacen concluir que se trata de un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población”. La investigación realizada por estos expertos de Naciones Unidas les ha llevado a recoger “pruebas testimoniales directas, pruebas documentales, y en varios casos pruebas físicas forenses”.

Resalta el informe que “se observó especial ensañamiento contra funcionarias y funcionarios públicos, militares retirados, líderes campesinos, estudiantes y antiguos integrantes del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y las Juventudes Sandinistas que participaron en las manifestaciones (..) considerados traidores”. Los principales autores de estos abusos son “agentes policiales -tanto hombres como mujeres, en las comisarías de policía y en El Chipote”, aunque los detenidos también eran “torturados por integrantes de grupos armados pro-gobierno”.

Los expertos llegan a la conclusión de que “el ataque concebido por el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su gobierno, fue dirigido contra un grupo heteroge?neo de personas de todas las edades y pertenecientes a todos los estratos sociales y profesionales de Nicaragua que fue evolucionando y amplia?ndose con el paso del tiempo. El comu?n denominador a este sector de la poblacio?n es ser opositoras al gobierno, o percibidas como cri?ticas o adversarias al mismo”. A su juicio, hubo un “uso meto?dico de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y arrestos arbitrarios, y actos de tortura y maltrato fi?sico, incluidas las violaciones, contra las personas manifestantes”, y los crímenes documentados “se cometieron en cumplimiento de un plan impulsado por el presidente Daniel Ortega y los miembros de su ci?rculo i?ntimo con el objetivo de conservar el poder presidencial a cualquier costo”.

Jan Simon opina que “la instrumentalización del sistema de justicia contra los opositores” en Nicaragua es comparable a lo que hizo el régimen nazi en Alemania. Indica el informe que “las autoridades de Nicaragua instrumentalizaron el derecho penal y el sistema de justicia para detener arbitrariamente y perseguir por la vía penal a personas opositoras o percibidas como tales. Se utilizaron acusaciones penales infundadas y desproporcionadas (…) como instrumento de persecución política”.