Maduro acusa a Sánchez de su "falta de coraje" para entregar a Leopoldo López, un líder "golpista"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos chavistas han multiplicado en las últimas semanas sus críticas y acusaciones hacia el Gobierno español, aprovechando entre otras cosas la situación interna en España en torno a la polémica por el encarcelamiento del rapero 'Pablo Hasél'.

Por una parte, las acusaciones han estado centradas en la supuesta complicidad de España, y principalmente del que fuera el embajador español en Caracas, Jesús Silva, en supuestas acciones violentas orquestadas por el líder opositor Leopoldo López, quien permaneció refugiado durante más de un año en la Embajada española antes de huir el pasado octubre a Madrid.

En este sentido, el propio Maduro dijo la semana pasada que el Gobierno español "se hace el sordo" frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López, recriminando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su "falta de coraje" para entregar a quien considera un líder "golpista".

Según el presidente venezolano, el líder de Voluntad Popular ha participado "en todos los intentos de golpe de Estado que ha habido en los últimos años", pero el Gobierno español "se hace el ciego, el mudo y el sordo" para no atender a las pruebas contra López.

Así, aseguró que las autoridades españolas tienen ya en su poder estas supuestas pruebas, que salpicarían también al exembajador Jesús Silva, señalado desde Caracas como "protector" y "correo" dentro de la Operación Gedeón, como se conoce a una operación destapada en 2020 para derrocar a Maduro y con la que también se vincula a López.

Precisamente, a finales de enero, el presidente de la nueva Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López de ordenar y planificar un ataque con bombas contra la sede del legislativo.

"Aún desde España, el señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela", denunció, asegurando que el Gobierno tenía pruebas y que se había detenido a una persona que se iba a encargar de colocar los explosivos.

Rodríguez se refirió en particular a las gestiones realizadas por López durante los meses que pasó acogido en la Embajada española en Caracas, señalando expresamente al antiguo embajador, que dejó el cargo a principios de noviembre.

Según el dirigente chavista, Jesús Silva "fue el mayordomo de Leopoldo López mientras se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela" y todos los delitos en los que participó el líder opositor "se planificó con la complicidad de Jesús Silva".

Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que el Gobierno español "no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados". Mientras estuvo al frente de la Embajada en Caracas, Silva actuó "siempre con arreglo a estos principios que rigen nuestra política exterior", se defendió.

ACUSACIÓN DE PLANES GOLPISTAS

Sin embargo, las críticas y los señalamientos desde Caracas no han cesado y el pasado viernes la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al hilo de la próxima visita de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a Colombia esta semana, volvió a poner al Gobierno en el disparadero.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez "hereda el extremismo de (Donald) Trump, cobija a connotado terrorista y extremista en España", en referencia a Leopoldo López, y articula con el presidente colombiano, Iván Duque, "planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia".

Además, al margen de estas acusaciones en relación con las actividades de Leopoldo López, tanto Maduro como sus ministros han aprovechado los acontecimientos internos en España para poner en entredicho al Gobierno.

Así, el propio mandatario se refirió en su rueda de prensa de la semana pasada al caso del rapero 'Pablo Hasél', que "ha alarmado a la comunidad internacional". "Solamente por cantar está preso", aseveró, defendiendo que el rap "es un género de música rebelde, crítica, necesaria".

Su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, ya se había referido previamente al caso, sosteniendo que es "imposible no expresar solidaridad" con Hasél tras "un caso incomprensible". "Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López... ¿Qué les puedo decir?", escribió en Twitter.

DOBLE RASERO DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Esta ha sido precisamente la vía utilizada nuevamente este domingo por Arreaza para una nueva andanada contra el Gobierno. El ministro venezolano han denunciado el "doble rasero" del Ejecutivo español, al hacerse eco de un tuit de Sánchez en el que reaccionaba a los disturbios durante las protestas por el encarcelamiento de Hasél.

"La democracia española ampara la libertad de manifestación y de expresión. Pero la democracia jamás amparará la violencia. Es lo contrario a la democracia", sostiene Sánchez en su mensaje, en el que expresa la intención del Gobierno de "ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión".

En este sentido, Arreaza ha sostenido que "en las guarimbas de 2014 y 2017", en referencia a las manifestaciones antigubernamentales, "en los intentos de golpe e intentos de imponer gobiernos fake para generar una confrontación en Venezuela", en referencia a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, "España apoyó abiertamente las manifestaciones violentas, reconoció el gobierno ficticio y le dio amparo a los violentos".

La arremetida por parte de Caracas se produce después de que el Gobierno español no haya reconocido las elecciones parlamentarias del pasado mes de diciembre, boicoteadas por el grueso de la oposición y ganadas por el chavismo.

No obstante, en línea con sus socios europeos, el Gobierno también ha pasado a considerar a Guaidó como un interlocutor destacado de la oposición, cesando abiertamente su reconocimiento como presidente encargado del país, toda vez que su mandato al frente de la Asamblea Nacional expiró el pasado 5 de enero, si bien tanto España como la UE mantienen que la anterior asamblea sigue siendo "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral".