Treinta años del asesinato de Ellacuría con los autores de la masacre a punto de ser amnistiados

Miles de salvadoreños han conmemorado el 30 aniversario de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres ante la amenaza de que el Congreso apruebe una ley que amnistíe a los autores intelectuales.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite ejecutó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).

Tras 30 años de la masacre, catalogada en al menos tres ocasiones como un crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema, no cesan las peticiones de justicia por la comunidad jesuita salvadoreña, ni los esfuerzos, de acuerdo a diversos analistas, de los políticos por mantener la impunidad.

El congresista estadounidense del partido Demócrata James McGovern advirtió durante un discurso, previó a los actos principales de conmemoración, sobre la intención del Congreso salvadoreño de aprobar una ley de "reconciliación nacional" de espaldas a las víctimas de las violaciones a derechos humanos.

"Avanzar en esta ley sin hablar con víctimas y grupos de derechos humanos sería una injusticia terrible", sostuvo el político, quien dijo que "habrá una respuesta", si se aprueba la normativa.

Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, normativa que sepultó por más de dos décadas la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.

Dicha resolución judicial, que permitió reabrir en abril de 2018 el proceso de los jesuitas a petición de la Compañía de Jesús, también mandó a los diputados a emitir una ley que garantice a las víctimas el acceso a las justicia y a medidas de reparación.

No obstante, los proyectos de ley que ha analizado el órgano de Estado buscan, según las organizaciones de derechos humanos, amnistiar de manera indirecta los crímenes de guerra.

La presión los activistas y de organismos internacionales han llevado a los diputados a retrasar su aprobación, por lo que recientemente solicitaron al Supremo un prórroga para evitar caer en desacato al no poder emitir la legislación antes de 13 de noviembre pasado.

Por otra parte, McGovern pidió al Gobierno de su país y de El Salvador que abrir los archivos militares sobre la guerra civil.

"Creo que no falta información, creo que el Gobierno salvadoreño, el Ejército y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, muy involucradas en la guerra de El Salvador, tienen la obligación de decir la verdad", acotó en su discurso.

Cerca de las 18.00 hora local (00.00 GMT del domingo), el rector de la UCA, Andreu Oliva, llamó a comenzar la tradicional "procesión de los farolitos".

"Queremos simbolizar la marcha de este pueblo junto con sus mártires, una marcha que sigue tratando de empujar la historia hacia la verdadera liberación", dijo el religioso de origen español.

La oscuridad del campus de la UCA, misma cobijo a los militares el 16 de noviembre de 1989 para perpetrar la masacre, fue iluminada con miles de velas que llevaban los participantes.

Los feligreses y seguidores del legado de los jesuitas realizaron un "viacrucis" en el que oraron por las víctimas del desplazamiento forzado y la migración irregular.

La amenaza de que los supuestos autores intelectuales de la masacre sean beneficiados con una amnistía no apagó la alegría de los caminantes, quienes eran acompañados con música religiosa popular.

Los rostros de "los mártires de la UCA" encabezaron la procesión con antorchas y palmas adornadas de colores.

Las actividades de conmemoración concluyeron con una misa y una vigilia.

Los jesuitas también se multiplicaron en camisas, pañoletas y bolsos con los que se ataviaron los marchantes, que también recordaron a san Óscar Arnulfo Romero, el primer santo salvadoreño que fue asesinado en 1980 por un francotirador de un escuadrón de la muerte de ultraderecha.

Los jesuitas asesinados en 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría, entonces rector de la UCA, denunció las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país, compromiso con en el que coincidió con Romero.

A la conmemoración se sumó el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de Laiglesia.

El funcionario dijo a Efe que este es "un hecho que produjo un terrible impacto en El Salvador, en España y en todo el mundo".

En abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.

Los señalados, cuya inclusión en el proceso está en manos de la Fiscalía salvadoreña, son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien enfrenta un juicio en España.

Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena.