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Si los 100 días representan el período de gracia para todo gobernante, en Nicaragua los 100 días que se han cumplido desde del inicio de las protestas ciudadanas deberían ser motivo de bochorno para la comunidad internacional por su inacción frente a la sangrienta represión desatada por Daniel Ortega. Declaraciones de repulsa como las aprobadas ayer por los congresos de EE.UU. y El Salvador se quedan muy cortas frente a una sangría que suma cerca de 400 muertos y corre el peligro de desembocar en una guerra civil abierta, a menos que Ortega acceda a hacerse a un lado y convocar elecciones. Cuesta imaginar que vaya a hacerlo por voluntad propia, después de haber cruzado todas las líneas rojas imaginables.
A las órdenes de Ortega, la policía y el ejército han disparado en estos 100 días contra estudiantes pacíficos o manifestaciones de madres. Y el gobierno ha armado a grupos de matones que van casa por casa buscando a opositores. Incluso la Iglesia, mediadora y “templadora de ánimos” en esta crisis, está siendo blanco de ataques contra parroquias, sacerdotes y obispos. El balance es tan trágico, que varios históricos sandinistas han dado la espalda al presidente, cuya imagen de converso a la democracia ha saltado por los aires, dejando al descubierto la cruda realidad de un dictador sin escrúpulos cada vez más peligroso para la estabilidad en Centroamérica.