La cerrazón legislativa del Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial confirmó ayer lo que todos sabíamos. A la hora de elaborar determinadas leyes, al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios de Podemos no les interesa ni lo que digan los organismos consultivos del Estado ni lo que puedan ayudar los expertos. No aceptan nada de lo que signfique un cambio o una modificación en su proyecto de ingeniería social.

Así ha ocurrido con la reforma de la ley del aborto, a la que el Consejo ha planteado dos objeciones relevantes. Que las jóvenes menores de 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno es, según el máximo órgano judicial, un ataque a la patria potestad. El otro punto criticado por los jueces es el hecho de que se elimine la información previa a la mujer que va a abortar, con lo que se está mermando la libertad de consentimiento. Objeciones a las que el Gobierro ya ha dicho que hará oídos sordos.

Lo mismo está ocurriendo con la tramitación de la Ley Trans, que ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados en una jornada que pasará a la historia del disparate legislativo. Ante la negativa de la Comisión de Igualdad del Congreso, ha tenido que ser el PP el que convocó a un grupo de expertos, entre los que se encontraban la filósofa progresista Amelia Valcárcel o el psiquiatra Celso Arango, para que analizaran la Ley y sus efectos perversos en los adolescentes y los jóvenes. El Gobierno va adelante, contra viento y marea, con sus leyes de ingeniería social, eludiendo los informes, el debate público y la voz de los expertos.