Fin de un sistema de corrupción

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de las llamadas “tarjetas black” rubrica el final de un sistema de corrupción implantado en la Caja de Ahorros de Madrid, una vez que la institución pasara al control de los partidos políticos, sindicatos y otras fuerzas sociales. El nombre de Rodrigo Rato, que fue presidente de esta entidad, condenado a más de cuatro años de prisión, atrae toda la atención de los medios informativos por haber sido antes vicepresidente del Gobierno y estar implicado en otros casos de corrupción. Pero son más de sesenta los ex directivos y consejeros, nombrados por partidos y sindicatos, los condenados por el abuso de estas tarjetas que escapaban al control fiscal. En otras Cajas nacionalizadas, como la de Cataluña, presidida por Narcís Serra, también vicepresidente de Gobierno con el PSOE, la corrupción consistía simplemente en la fijación de unos sueldos exorbitantes para sus directivos.

Al ser controladas por los políticos, las Cajas perdieron la función social para las que fueron fundadas, mayoritariamente en su origen por entidades religiosas. Durante cerca de dos siglos estas cajas se ocuparon de fomentar el ahorro y dedicar los beneficios a construir hospitales, residencias de ancianos, viviendas o bibliotecas además de prestar un sinfín de servicios de los que se beneficiaba toda la sociedad. Su necesaria modernización se convirtió, por desgracia, en una colonización política que degeneró en el uso de estas entidades en beneficio propio.