A río revuelto....

La magnitud del caso Lezo, las detenciones e imputaciones de algunos destacados dirigentes del PP en pasadas legislaturas, son una señal de alarma difícil de esquivar. La corrupción es un flagelo maligno en cualquier caso, sentencia Naciones Unidas, pero cuando se padece en contexto de crisis es mayor la conciencia ciudadana de los males derivados de un desvío ilegal de fondos que provoca desigualdad y genera injusticia. Está muy bien que la ciudadanía sea firme y demande transparencia y rendición de cuentas. Y está muy bien que las fuerzas políticas se comprometan sin fisuras contra la corrupción, la propia y la ajena. Los gobiernos actúan bajo el mandato de la responsabilidad política y el imperio de la ley. Son los Tribunales de Justicia los que pueden dictar sentencias condenatorias cuando hay pruebas de cargo. Lo que es letal para la convivencia democrática es que de la denuncia se pase a institucionalizar la sospecha. La iniciativa del PSOE de reprobar al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, se inscribe en esa dinámica. El hecho de que se hayan producido injerencias políticas en el trabajo de la Fiscalía debe ser bien probado antes de convertirse en arma arrojadiza que convierte en un lodazal la vida parlamentaria. Ciertamente, los cargos políticos deban ser transparentes. Por eso, tanto el Ministro como el Fiscal General del Estado han comparecido y ofrecido explicaciones. Todo esto demuestra la urgencia de alcanzar un Pacto por la Justicia que, por desgracia, será imposible en el actual contexto de desconfianza y agresividad política.