El caso Borrell es el caso del gobierno Sánchez

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la multa de treinta mil euros al ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, coloca al gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, ante el espejo de su incoherencia y contradicciones. El abuso de una posición de privilegio, calificado de infracción grave, no es la mejor carta de presentación de un ministro que está destinado a ofrecer el mejor rostro de España en las agitadas aguas internacionales.

Desde la moción de censura, la regeneración que Sánchez traía por bandera hace aguas en su entorno más cercano, el Consejo de Ministros. El discurso del gobierno de la transparencia y la ejemplaridad contrasta con una serie de irregularidades que, si no son delitos, sí afectan a la ejemplaridad con la que debe regirse un Ejecutivo. Las dimisiones forzadas de Máxim Huerta y Carmen Montón, las conversaciones de Dolores Delgado, los manejos fiscales del patrimonio de Celáa, Duque y Calviño, y las sospechas en torno a la tesis del Presidente, componen un cuadro poco decoroso. No es extraño que Podemos se empeñe ahora en sacar rédito al caso Borrell, pero esta trayectoria debería llevar a un ejercicio de humildad a quienes llegaron al poder como si fueran la escoba que barre cualquier suciedad.