La erosión institucional no cesa

En un durísimo informe, los letrados del Senado afirman que la Ley de amnistía es claramente inconstitucional, tanto formal como material, al suponer una reforma encubierta de la Constitución. A pesar de la burda propaganda de medias verdades que el Gobierno ha tratado de poner en marcha con la Comisión de Venecia, también el informe de esta Comisión apunta en una dirección preocupante y formula al presidente del Gobierno preguntas que no tienen otra respuesta sincera que la necesidad y la voluntad de poder.

Por si fuera poco, hoy hemos conocido que el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha anunciado la presentación de una denuncia por las posibles responsabilidades penales de la Fiscalía de Madrid en la difusión de datos confidenciales y pormenorizados de las conversaciones mantenidas entre un colegiado y el Ministerio Público, en la investigación abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un hecho gravísimo y sin precedentes que, en palabras del propio Colegio de Abogados, supone una violación flagrante de las exigencias regladas en este tipo de procesos.

Es inevitable que, ante un hecho así, vuelvan una y otra vez a la memoria aquellas declaraciones del propio Pedro Sánchez que, en tono fanfarrón, preguntaba retóricamente que de quién dependía la Fiscalía. Por desgracia, son tantas las irregularidades cometidas ya, que no queda sino seguir denunciando, confrontar y retratar al Gobierno sobre lo que está haciendo, e ir trabajando, cada uno en la medida de sus responsabilidades, para empeñarse en una regeneración a fondo de la vida pública que va a ser inevitable afrontar cuando esta pesadilla acabe.