La Ley es garantía de igualdad

La unanimidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es incontestable. Y lo es, simple y llanamente, porque en la causa sobre “Tsunami Democrátic” se ha pronunciado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con la Ley. La politización de la justicia es un virus que algunos pelean por inocular en el sistema con la única intención de sustraerse al imperio de la ley y, de paso, deslegitimar a quienes cumplen con el deber de juzgar. Si Puigdemont es culpable de un delito de terrorismo, o no lo es, lo dirá la Justicia y no las conveniencias de un Gobierno y de su presidente.

Una vez abierta la causa, el eurodiputado Puigdemont y el diputado catalán Wagensberg, el que recientemente huyó a Suiza, podrán ser oídos con todas las garantías durante la investigación.

La Sala de lo Penal del Supremo considera la exposición razonada del magistrado García Castellón acerca de la participación de Puigdemont y Wagensberg en unos hechos que pueden ser calificados de terrorismo. La Junta de Fiscales del Supremo había apreciado lo mismo, mientras que la Teniente Fiscal disentía de todos ellos. La competencia técnica de todos los citados es la que les acredita para pronunciarse con la garantía de que, en último término, nada ni nadie puede imponerse sobre la ley penal y lo que esta tipifica como delito de terrorismo. Si hay buenas noticias en esta historia, que las hay, es que los mecanismos institucionales funcionan. Necesitan su tiempo, pero funcionan. Y esta es la principal garantía de una democracia constitucional en la que ni el ejecutivo, ni el parlamento, ni tampoco la judicatura pueden escapar del cumplimiento de la ley.