Línea Editorial 1/02/2022

El Gobierno ha aprobado hoy texto del anteproyecto de ley de vivienda después de numerosas idas y venidas. El problema de la vivienda es un problema serio en nuestro país. Al ser el principal producto de ahorro para la clase media, y al no estar resuelto el problema del suelo, los precios son altos. Desde hace décadas se ha descuidado la vivienda social para facilitar el acceso de los jóvenes y de los que tienen menos recursos. Para intentar remediar este problema, el Ejecutivo promueve una regulación que establece el control de precios en las llamadas zonas tensionadas. Y para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI.

La fórmula de los precios máximos, adoptada en otros países, no ha sido útil. Se ha constatado que los arrendatarios, ante la existencia de topes, sacan menos oferta al mercado. Esto lo sabe la parte socialista del Gobierno, pero Sánchez se ha visto obligado a ceder por la presión de Podemos. El anteproyecto se aprueba, además, después de haber sufrido un duro varapalo por parte del CGPJ, que señala que la nueva norma no respeta las competencias autonómicas.

Ya veremos cómo se modifica el proyecto en la tramitación parlamentaria. Pero las bases en las que se fundamenta pueden convertir la ley en una oportunidad perdida. España necesita más vivienda social, sobre todo para hacer menos difícil la vida a los jóvenes.