Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Gobierno de Sánchez, atrapado en mil contradicciones, aprieta el acelerador en su agenda legislativa de ingeniería social. Ha forzado la aprobación de la ley de eutanasia en tiempo récord y sin debate social, está en trámite la Ley Trans, y ahora la ministra de Iguladad, Irene Montero, anuncia que “España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto”, como si no lo estuviera ya. Montero avisa que en los próximos meses iniciará la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva para que se haga efectiva cuanto antes. Surge la pregunta sobre si se puede radicalizar aún más la legislación sobre el aborto en España, y la respuesta es “sí”.
La ministra considera que hay que eliminar los tres días de reflexión previos al aborto y el consentimiento de los padres para que las menores puedan abortar. Además, va a intentar penalizar lo que denomina el acoso a las clínicas abortistas y, lo que es más grave, pretende una regulación de la objeción de conciencia para acabar, en la práctica, con este derecho básico que es clave para la convivencia en una sociedad plural, muy dividida en temas de gran calado ético.
Montero tensa la cuerda de las políticas radicales en un momento en que se resquebraja la cohesión del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Está clara su obsesión de cambiar la sociedad desde el poder, pero la sociedad, que es mucho más plural de lo que ella desearía, debe hacer oír su voz de forma contundente frente a este despropósito.