Antes de que sea demasiado tarde

El delito de odio existe y está tipificado. Algunos, no solo lo cometen sino que alardean de hacerlo. Es el caso de la organización juvenil Arran, un grupo independentista catalán adscrito a la extrema izquierda, que desde 2012 tiene entre sus objetivos atentar contra las sedes de los partidos políticos y las entidades financieras. Ahora, al socaire del proceso independentista, Arran ha ampliado su ámbito de maniobra. El juez Pablo Llarena y su domicilio familiar han vuelto a ser objetivo de sus ataques.

No hay argumento que pueda justificar la intimidación y la coacción contra un juez que actúa sometido al imperio de la ley y conforme a las más estrictas normas reguladores de la función judicial. Y mucho menos se puede justificar que la familia de Llarena se vea amedrentada por quien es incapaz de debatir racionalmente y someterse al escrutinio de la opinión pública.

Es verdad, y hay que denunciarlo, que no solo el juez Llarena y su familia son blanco de Arran. Políticos catalanes no independentistas y sus familias, las sedes del PSC, Ciudadanos y el PP son objeto de permanente acoso. Habrá que actuar antes de que sea demasiado tarde y la impunidad se acabe convirtiendo en norma. Mirar para otro lado sería una grave irresponsabilidad. Se trata de una cuestión simple y llana de respeto a los derechos y libertades más elementales, en la que nos jugamos el futuro de la convivencia en Cataluña y en toda España.