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Las declaraciones del cantautor Luis Llach, actual diputado de Juntos por el Sí en el Parlamento de Cataluña, desvelan el talante sectario que impregna el denominado “Proceso” de secesión. Llach ha afirmado que los funcionarios que no cumplan la futura Ley de Transitoriedad jurídica, conocida como la Ley de Independencia, serán sancionados, y ha reconocido que “muchos de ellos sufrirán”. Son declaraciones que representan una amenaza inaceptable dirigida a quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Sus palabras generan una situación de grave alarma, porque amenazar a los funcionarios, además de un desprecio al Estado de Derecho que ellos representan, significa instaurar un régimen de miedo ante la resistencia que previsiblemente ejercerían estos servidores públicos. Estas afirmaciones no solo no han sido desmentidas por los portavoces de la Generalitat, sino que han sido justificadas y aplaudidas en el pleno del Parlament celebrado hoy. El proceso independentista se está convirtiendo en un chantaje permanente a la ciudadanía, en el que se utiliza la intimidación como arma política. Lo que debería hacer el Gobierno de la Generalitat es devolver a los funcionarios lo que les adeuda, resolver los graves problemas económicos y abandonar una obsesión que se pretende hacer avanzar contra toda racionalidad jurídica e histórica, y que amenaza con una verdaderas quiebra de la convivencia