China contra los derechos humanos

China, el país en el que ha estado el presidente del Gobierno, es un país que restringe muy seriamente los derechos humanos. Xi Jin Ping, con el que Sánchez ha mantenido una larga reunión, llegó al poder en 2013, desde entonces el régimen comunista ha endurecido su política represiva. El Gobierno chino controla todas las fuentes de información y ha levantado una gran muralla digital que impide saber lo que realmente sucede. Aquellos periodistas o activistas que intentan quebrar ese sistema de severa censura son severamente castigados: algunos desaparecen sin que se vuelva a tener noticias de ellos. Con potentes sistemas de Inteligencia Artificial y con una red muy tupida de informadores todos los ciudadanos son controlados por el Estado.

Desde 2016 el presidente Xi ha impulsado lo que se conoce como la “sinización de las religiones”. Pretende que las diferentes religiones presentes en el país estén sometidas a la política del partido comunista. Por ejemplo, los obispos católicos que se niegan a inscribirse en la Asociación Patriótica, controlada por el partido, son arrestados. Es emblemático el confinamiento que sufre el obispo Ma, auxiliar de Shangai, desde que fuera ordenado en 2012.

La persecución religiosa es especialmente dura para los uigures, población musulmana de la región de Xinjiang donde se cometen delitos de lesa humanidad. Se pretende que abandonen su fe y en muchos casos se utiliza la violencia para lograrlo. Cientos de miles de personas están detenidas, muchas de ellas recluidas en campos de reeducación.