Crisis de reputación sin precedentes

El solo hecho de que el Tribunal Supremo haya abierto un proceso al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos, es motivo suficiente para que presente su dimisión. Este es el mensaje que dos de las tres asociaciones de fiscales han querido dejar claro desde que se tuvo conocimiento público de la noticia. La imparcialidad que exige la Constitución al Ministerio Fiscal queda empañada cuando quien dirige la Fiscalía está siendo investigado por el Tribunal Supremo, salvando la presunción de inocencia que tiene García Ortiz, como cualquier ciudadano.

La decisión de no dimitir, que hoy se debate en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal, coloca a la institución en una crisis de reputación sin precedentes. Que el Fiscal General del Estado se tenga que defender en un proceso penal, cuando le convoque el juez instructor del Supremo, y a la vez el Ministerio Fiscal que le debe obediencia tenga que actuar en defensa de la legalidad, incluyendo la posibilidad de ir contra el imputado, es una anomalía. La decisión de García Ortiz de seguir en el cargo refuerza la idea de que ocupa ese puesto anteponiendo sus intereses personales y los de quien le nombró, a los de la institución. Confirma que no está con la exigida voluntad de imparcialidad sino por una utilización partidista de una institución que debe servir a la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Por el bien de la Fiscalía y de la carrera fiscal, Álvaro García Ortiz debe abandonar su puesto sin demora.