Empieza la carrera hacia el abismo

Ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció para el uno de octubre el referéndum secesionista. No fue un acto jurídico, todavía no hay convocatoria oficial. Este anuncio de referéndum se hace con voluntad de desobedecer la ley y en contra de lo que quiere la inmensa mayoría de los catalanes: según las encuestas esa mayoría rechaza un referéndum no acordado. Desde hace meses el secesionismo catalán ha hablado y hablado. Desde ayer estamos en la hora de los hechos. La Generalitat tiene que comprar urnas, tiene que convocar un concurso. Tan pronto como dé el paso actuará la fiscalía, que puede dirigirse contra los órganos administrativos que desobedezcan al Tribunal Constitucional. De igual modo los funcionarios implicados pueden ser inhabilitados. El Estado de Derecho tiene herramientas más que suficientes, que se pueden aplicar de modo gradual, para impedir lo que los secesionistas saben que no se va a producir. Cuando se celebró la seudoconsulta de 2014 se intentó sortear la ley con la ficción de que las urnas la habían puesto voluntarios. Ahora no será posible. El Tribunal Constitucional lo ha dejado bastante claro y el Gobierno está decidido a que esta vez sea diferente. Todo este proceso acabará en una convocatoria de elecciones, después de un ejercicio irresponsable de demagogia que utiliza a los votantes y a la sociedad como rehenes.