Estrategia frustrada

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha resuelto por unanimidad avalar los registros ordenados por el juez Hurtado en el despacho del fiscal general del Estado. La citada Sala aclara que, si este órgano “tiene la facultad de investigar a un aforado, el órgano instructor debe tener los modos e instrumentos necesarios para hacerlo". La ley es igual para todos, también para los poderes públicos y las altas magistraturas del Estado. No hay inmunidad para la fiscalía general del Estado.

Por el momento, lo que importa resaltar de este proceso es que los mecanismos institucionales funcionan y que el imperio de la ley evita la impunidad. Los órganos de justicia actúan con arreglo a la ley y sus argumentos no nacen de motivaciones espurias. Es verdad que la estrategia procesal del fiscal se desmorona, puesto que no cabe recurso contra el auto del Supremo, pero no lo es menos que García Ortiz puede defenderse porque goza de todas las garantías jurisdiccionales. Será después, en el avance del proceso, cuando finalmente se determine si Álvaro García Ortiz ha cometido delito, o no. Lo que no es verdad es que las diligencias del juez Hurtado o los pronunciamientos del Supremo contra García Ortiz supongan exonerar a ningún otro ciudadano de un delito con la Hacienda Pública. El delito nunca se persigue con la comisión de otro delito.