Inaceptable erosión de la institucionalidad

El juez que instruye el caso de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado ha dictado un auto en el que establece la existencia de indicios suficientes para atribuir a Álvaro García Ortiz la filtración de información protegida sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La situación del fiscal ya era inasumible desde su imputación, pero con este nuevo auto, su continuidad como máximo responsable del Ministerio Público constituiría una verdadera anomalía institucional y un hecho insólito en democracia. Las diligencias del juez Ángel Luis Hurtado acumulan un conjunto de indicios incompatibles con el buen nombre de la institución y abocan a García Ortiz a ir a juicio. Las sucesivas excusas expresadas, la previsible destrucción de pruebas y el cambiante relato con el que se ha intentado justificar lo injustificable lesionan los principios jurídicos y políticos básicos de un marco garantista como el que exige el Estado de derecho.

Es legítimo elevar el tono para señalar cómo otras democracias se debilitan y subrayar los excesos del trumpismo. Sin embargo, el Ejecutivo debería mostrar el mismo celo a la hora de preservar el prestigio de una Fiscalía cuyo crédito quedará gravemente dañado mientras Álvaro García Ortiz permanezca en el cargo. La erosión de la institucionalidad apunta directamente a un Gobierno que ha defendido al fiscal con la misma vehemencia que si se tratara de un ministro sin cartera. Y, desafortunadamente, nada de lo que está ocurriendo puede entenderse sin recordar las declaraciones de noviembre de 2019 en las que Pedro Sánchez alardeó de controlar la Fiscalía.