Las facturas de la investidura

La vicepresidenta Carmen Calvo se ha apresurado a ofrecer hoy en el Congreso un diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas al presidente de la Generalitat, Quim Torra. La oferta, cargada de palabras ampulosas, llega después de las exigencias de Esquerra y de los primeros movimientos del Gobierno para acercar a los presos acusados de rebelión a territorio catalán. Tanto Carmen Calvo como el presidente Pedro Sánchez han insistido en que no se trata de concesiones ni de nada que tenga que ver con cuestiones políticas, algo que resulta poco creíble tras escuchar al propio Joan Tardá pedir explicaciones sobre qué significa un diálogo sin cortapisas, sobre si eso quiere decir también sin condiciones, y, sobre todo, después de recordar al Presidente que su voto favorable al decreto del Gobierno sobre RTVE estará directamente vinculado a que se hable también la cuestión del referéndum.

Es obvio que el Gobierno socialista tiene que pagar las facturas de los apoyos obtenidos en la moción de censura. Pero el Ejecutivo no tiene respaldo suficiente para adentrarse en un camino tan incierto, en el que inevitablemente aparece la sombra, no solo del pago a sus socios, sino de una suerte de tentativa para empezar una reforma de la Constitución que, afrontada de esta manera tan irresponsable, no puede augurar nada bueno. En este asunto toda claridad es poca, y el Gobierno de Sánchez está practicando una opacidad que produce una inquietud más que fundada.