Un pacto discriminatorio con los inmigrantes

Son muchos los aspectos del acuerdo entre el PSOE y Junts para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña que generan honda preocupación. Al hecho de que esas competencias corresponden al Estado, en la exposición de motivos se añade una inaceptable retórica identitaria como base de un supuesto “contrato social” ligado a la cultura y a la lengua catalana. La Generalitat se arroga la competencia de distinguir entre los inmigrantes que necesita la sociedad y los que no, en función de un criterio etnicista cultural, lo que es una práctica xenófoba propia de las formaciones que utilizan la inmigración como arma política.

No se trata sólo de que la Generalitat iguale a los inmigrantes extranjeros con los españoles “nacidos fuera” de Cataluña, considerando de facto a los españoles extranjeros en su país, o de que se acepte la posibilidad de negarse a recibir más menores inmigrantes no acompañados en un ejercicio de evidente insolidaridad con el resto de las comunidades españolas. Se trata de que el Gobierno de Cataluña, presidido ahora por un socialista, asume que se está dando un proceso de disolución de la identidad nacional por la presencia masiva de inmigrantes extranjeros, lo que algunos partidos nacionalistas llaman “el gran reemplazo” y contra el que ofrecen soluciones contrarias a la dignidad de las personas migrantes. La creación de una nueva ciudadanía catalana responde a una ingeniería social que busca preservar una supuesta “catalanidad” como criterio de aceptación de las personas que llegan a ese territorio.