Política de vivienda

Durante el fin de semana se han producido en diferentes puntos de España manifestaciones que han reclamado una política de vivienda diferente. La última ley de vivienda no está sirviendo para resolver uno de los problemas sociales más importantes que tiene nuestro país. El modelo intenta intervenir en el mercado y provoca distorsiones, genera inseguridad en las expectativas de los que podrían ofertar los pisos en alquiler. Y eso ha provocado que la oferta, que ya era reducida, se haya reducido aún más.

Es contraproducente querer imponer, como ha hecho Sánchez, ciertas actuaciones a las Comunidades Autónomas cuando la mayor parte de las competencias en esta materia les pertenecen. Para resolver este problema estructural, que también afecta a otros países de Europa, sería necesario que en la próxima década se construyeran un millón de viviendas, lo que supone entre 150.000 y 200.000 al año. Es necesaria una ley de suelo que permita la planificación, reduzca la inseguridad jurídica y disminuya las trabas burocráticas. Con más suelo bajan los precios.

Para conseguir viviendas en alquiler a precios razonables se pueden hacer varias cosas: fomentar la rehabilitación, proteger a los inquilinos sin desalentar a los propietarios, y fijar una normativa estable. Políticos y técnicos saben qué hay que hacer. Pero es necesario acuerdo, voluntad y una visión a medio y largo plazo que permita aplicar los cambios necesarios sin buscar una rentabilidad partidista inmediata.