No se puede imponer una verdad histórica

Uno de los aspectos más negativos del gobierno de Rodríguez Zapatero fue la promulgación de una ley de “Memoria Histórica” que supuso reabrir viejas heridas y poner en cuestión la reconciliación de los españoles plasmada en la Constitución del 78. Ahora Pedro Sánchez quiere dar una vuelta de tuerca a esa ley con la pretensión de imponer, desde el poder, una supuesta “verdad histórica”.

Esta pretensión ha sido severamente denunciada en el Manifiesto por la Historia y la Libertad elaborado por las Fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, al que se han adherido más de doscientos historiadores, escritores y figuras políticas de la Transición de todos los colores. El Manifiesto pone de relieve el intento de imponer a la sociedad una visión de la historia llena de falsedades, que aspira, además, a ilegalizar cualquier entidad que sostenga puntos de vista diferentes sobre lo ocurrido en el último siglo de la historia contemporánea española. Sánchez propone incluso establecer una “Comisión de la Verdad” que amenaza con la cárcel y elevadas multas a quien mantenga opiniones divergentes de su “verdad única”.

La investigación y el debate sobre la historia deben ser plenamente libres en una sociedad democrática. Por eso es necesaria una respuesta contundente de la sociedad civil a un proyecto que nos haría retroceder cuarenta años.