Puigdemont, llave y obstáculo

Mucho se ha especulado sobre las razones por las que los Mossos d’Esquadra no detuvieron a Carles Puigdemont en su visita a Barcelona el pasado 8 de agosto para intervenir en un acto político. 

Más allá de las respuestas ofrecidas, y de las excusas incomprensibles que dieron Grande-Marlaska y los responsables policiales catalanes, sobre el líder de Junts pesaba una orden busca y captura por presuntos delitos relacionados con el proceso separatista. 

Una vez analizados los informes aportados por los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior, el juez Pablo Llarena ha decidido enviarlos a los juzgados de Barcelona para que se investigue si existió omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento cometido por parte de funcionarios.

El juez instructor de la causa del “procés”, en cumplimiento de su responsabilidad, ha vuelto a tomar una decisión que salva la dignidad de la justicia. Puigdemont es un socio prioritario de Sánchez para mantenerse en el Gobierno, pero en un Estado de derecho resulta inadmisible que quienes tienen que hacer cumplir la ley esquiven su obligación. 

Mientras tanto, Santos Cerdán, secretario de organzación del PSOE y mano derecha de Sánchez, volverá la próxima semana a entrevistarse con el fugado Puigdemont fuera del territorio español, en un vano intento de convencerle para que abandone el permanente sabotaje de Junts a la supuesta mayoría progresista que sostiene al Gobierno. Cerdán emplearía mejor su tiempo urgiéndole a rendir cuentas ante la justicia española.